SANTO DOMINGO, República Dominicana.-A más de seis años de entrar en vigencia la Ley Sobre Seguridad Aeroportuaria de la Aviación Civil (188-11) sigue pendiente la puesta en operación del Sistema Nacional de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo, que contempla la normativa.
El gobierno estaría incumpliendo la legislación 188-11 al no asignar fondos a las Fuerzas Armadas para poner en funcionamiento el referido Sistema que, según las autoridades militares, garantizaría una estrategia de defensa del espacio aéreo y de la aviación civil.
Se trata de la instalación de una base de radares militares y un centro de control y mando en la Base Aérea de San Isidro, para detectar vuelos ilícitos que representen posibles amenazas a la seguridad del país o procedentes de criminales del exterior.
Durante el último gobierno del expresidente Leonel Fernández se inició un proyecto para poner en operación el sistema, pero la gestión de Danilo Medina lo mantiene paralizado desde septiembre de 2012, alegando falta de recursos.
La ley en cuestión contempla que además de la asignación del Estado para el mantenimiento y mejora de equipos, el Sistema debe contar con recursos provenientes de las tasas especializadas asignadas por el Poder Ejecutivo en el decreto 879.09.
Documentos del Ministerio de Defensa indican que el proyecto está ejecutado en un 54 %, sin embargo, las Fuerzas Armadas se han quedado sin recursos para continuar instalando los aparatos de vigilancia.
Así lo interpreta la Comisión de Seguridad y Defensa del Senado de la República que ha emitido una resolución (la 02055) para que el gobierno, a través del Ministerio de Defensa, entregue los fondos que permitan poner en operación la base de radares.
El sistema estará integrado, según el artículo 29 de la indicada ley, por la Fuerza Aérea Dominicana FAD (ahora Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD); el Instituto de Aviación Civil (IDAC); el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC); la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD); Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); la Dirección de Inteligencia Militar –J2- del Ministerio de Defensa, y otras instituciones que el gobierno decida integrar por decreto.
El artículo 30 de la legislación refiere que “las instituciones integrantes deben notificar de inmediato a la FAD (FARD) de todas información sensitivas sobre operaciones de vuelos ilícitos en el espacio aéreo, que atente o pueda atentar contra la seguridad de la aviación civil o cualquier otra actividad del crimen conexo que pueda conllevar a que la FAD inicie los procedimientos legales para contrarrestar el hecho”.
El presidente Fernández declaró de Seguridad Nacional la puesta en operación del Sistema Nacional de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo, en 2012, pero las autoridades de turno se muestran desinteresadas.
Desde 2008 a la fecha, países como Perú, México, Colombia, Honduras, Venezuela, Bolivia y Ecuador han adquiridos radares militares para proteger sus espacios aéreos de las amenazas del narcotráfico internacional y de otros actividades ilícitas.
En 2009, el gobierno de Leonel Fernández contrató a una empresa de Israel para la compra e instalación de dos radares y la construcción de un centro de mandos en San Isidro, para el cual adelantó US$ 26 millones de un total de US$ 52 millones, más una adenda de 5 millones de dólares.
Los equipos fueron importados en julio de 2013, por la compañía suplidora ALTA ASISTEMS, subsidiaria del grupo AEROSPACE INDUSTRIAL, fabricante de los radares adquiridos por el gobierno dominicano y que no han sido instalados porque no se ha pagado el monto restante.
Entre diciembre de 2012 y febrero de 2013 el Ministerio de Defensa recibió de la compañía suplidora 21 valijas de equipos y tecnología para instalar los radares, los cuales tienen más de cinco años almacenados en la base militar de San Isidro.
Documentos del Ministerio de Defensa indican que el proyecto está ejecutado en un 54 %, sin embargo, las Fuerzas Armadas se han quedado sin recursos para continuar instalando los aparatos de vigilancia.
Para concluir la primera etapa del proyecto, que incluye la instalación de los primeros dos radares, solo resta que el gobierno entregue a la compañía siete millones de dólares, según el informe de las FFAA.
La Comisión de Seguridad y Defensa del Senado de la República ha reiterado (en dos informes) al presidente Danilo Medina sobre el avanzado nivel deterioro de los equipos, por el tiempo que llevan almacenados inadecuadamente.
Sin lo radares tridimensionales, la aviación militar depende de los instalados en los aeropuertos para la aviación comercial, que no cuentan con centros de control y mando para el manejo de informaciones sensitivas.
Otros 11 proyectos presentados por las Fuerzas Armadas al presidente Medina se han quedado sin presupuestos, incluidos algunos para la defensa de los espacios terrestres, marítimos y aéreos, además de la seguridad ciudadana.