SANTO DOMINGO, República Dominicana.- SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La suerte equipos de alta tecnología militar que se encuentran deteriorándose en un almacén de la Base Aérea de San Isidro, está en manos del Presidente de la República, según confirman documentos oficiales de las Fuerzas Armadas.
Los equipos corresponden a dos radares especiales que servirían de soporte a las aeronaves militares, sobre todo a los aviones Súper Tucano, comprados a la empresa brasileña Embraer, durante la administración del presidente Leonel Fernández.
De continuar el deterioro de los equipos podrían convertirse en chatarras, lo que representaría una pérdida de US$ 57 millones para el Ministerio de Defensa y el Estado dominicano.
El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo exige al Ministerio de Defensa que el proyecto, además de cumplir con las normas y procedimientos técnicos, cuente con la aprobación por escrito del Presidente de la República para ser admitidito en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SIN) y así poder librar los recursos
Desde el 2012 el Ministerio de Defensa viene solicitando la entrega de los fondos restantes para concluir la instalación de dos radares tridimensionales que darían soporte a las operaciones de los aviones Súper Tucano, en la seguridad y defensa del espacio aéreo.
Sin embargo, un alegado procedimiento burocrático ha impedido que los recursos para el proyecto sean incluidos en el Presupuesto Nacional desde el 2013, lo que ha llevado a que el presidente Danilo Medina no autorice aún la carta de aprobación.
El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo exige al Ministerio de Defensa que el proyecto, además de cumplir con las normas y procedimientos técnicos, cuente con la aprobación por escrito del Presidente de la República para ser admitidito en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SIN) y así poder librar los recursos.
Refiere la resolución del Ministerio de Economía que la disposición es transitoria, pero de cumplimiento obligatorio hasta la terminación del mandato gubernamental (el 16 de agosto de 2016).
Para cumplir con la normativa el Ministerio de Defensa ha retirado solicitudes al presidente Medina con el propósito de obtener la carta de aprobación del proyecto, destacando la importancia para la seguridad y la defensa nacional.
El 15 de agosto de 2014, el entonces Ministro de Defensa, almirante Sigfrido Pared Pérez, solicitó al mandatario la aprobación de los radares (los cuales están en el país desde julio de 2013), para su ingreso al Plan Nacional Plurianual de inversión Pública de 2013-2014.
Pared Pérez refiere además al mandatario que envió una solicitud de ingreso del proyecto a Temístocles Montás en su condicion de director del Plan Plurianual. A esa solicitud no se le dio curso, alegando que debe de ser autorizada por el Presidente de la República.
De igual manera, el 18 de septiembre de ese mismo año, el actual ministro de Defensa, teniente general Máximo Muñoz Delgado, entregó otra comunicación al presidente Medina solicitando la referida carta de aprobación del proyecto, pero tampoco ha recibido repuesta,
Según la comunicación del general Muñoz Delgado, el proyecto se encuentra en un 54% de su ejecución desde su inicio en 2009, pero al no incluirlo en el presupuesto de 2014, fue necesario reformarlo técnicamente. En la actualidad está a la espera de la decisión del presidente Medina para definitivamente concluir la instalación de los radares y demás equipos.
A estos esfuerzos del Ministerio de Defensa se suma la resolución del Senado de la República que exige al Poder Ejecutivo entregar los fondos para dar mantenimiento a los equipos y edificaciones entregadas y otras en proceso, del Sistema de Radares de Vigilancia y Seguridad del Espacio Aéreo Nacional.
La empresa suplidora ALTA SISTEMS, LTD subsidiaria del grupo osraelí Aerospace Industries (lAl), fabricante los radares, ha recibido como pago la suma de US$ 27 millones 774 mil, y faltan para terminar el proyecto US$ 25 millones 330 mil 217, más otros US$ 18 millones adicionales para un tercer radar.
La compra de la tecnología militares fue declarada de Seguridad Nacional a través del decreto del Ejecutivo número 211-12 del 28 de abril de 2012, en la administración del ex presidente Leonel Fernández, quien destinó más de 25 millones de dólares para la importación de la tecnología militar.
Entre las motivaciones de las autoridades para justificar la compra de los radares se argumentó que los organismos de seguridad se enfrentan a amenazas no convencionales, sin nacionalidad ni identidad concretas, como la migración ilegal y el crimen trasnacional del narcotráfico, la trata de personas, el trasiego de armas y contrabando de mercancías por las fronteras marítima, aérea y terrestre.
Consecuencias
Si el Ministerio de Defensa decidiera rescindir el contrato con la compañía suplidora, los montos por daños e indemnizaciones establecidos entre las partes podrían superar los US$ 25 millones que hoy se requieren para concluir el proyecto y poner los equipos en operación.
Según el artículo 27 del contrato, la Secretaria de Estados de las Fuerzas Armadas (hoy Ministerio de Defensa) deberá reembolsar todos los costos incurridos por la compañía en relación con sus obligaciones y responsabilidads.
Asimismo, el Estado dominicano deberá pagar 25 mil dólares por cada mes que el proyecto se ha mantenido paralizado desde el 2012 por negligencia de las autoridades oficiales.
Asimismo, el Ministerio de Defensa estaría obligado a reembolsar a la compañía todo el dinero que estuviera obligada a pagar por concepto de renta de equipos y herramientas a sus suplidores de materiales y servicios, así como a los terceros subcontratados por la empres israelí.
La entidad suplidora también recibiría como indemnización el 10% del precio total del contrato, independientemente del pago de otras penalidades establecidas en el mismo, o de cualquier monto ya pagado por concepto de productos o servicios entregados.
También el Estados Dominicano tendría que pagar a la empresa proveedora el costo relacionado con el traslado de equipos, herramientas y activos, asimismo los gastos por aranceles, impuestos gubernamentales relacionados con el envió o venta de dichos activos en la República Dominicana.