SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) criticó las denuncias emitidas por el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el pasado domingo, por motivo al día del Poder Judicial respecto a la eficiencia y eficacia de la justicia dominicana, ya que entiende que ante la nulidad del Poder Ejecutivo, es responsabilidad de ese organismo asumir las fallas del sistema judicial dominicano.
Mediante un comunicado, Servio Tulio Castaños asegura que una solución viable al problema es el uso de los recursos democráticos consignados por la Constitución, y que este se haga constar la existencia de un conflicto de competencia en procura una posible intervención del Tribunal Constitucional.
El documento señala, que el Consejo del Poder Judicial, como órgano de gobierno del Poder Judicial debe exigirle al Estado dominicano que, tal como ordena la Ley de Presupuesto General, cumpla con la asignación del 2.66% del PIB al Poder Judicial, establecido en la Ley No. 194-04, formalizándolo directamente ante el Tribunal Constitucional a través de un conflicto de competencia.
FINJUS expresa consideraciones sobre discurso presidente SCJ
En el marco del día del Poder Judicial, como es tradición, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) expresó una serie de consideraciones y diagnósticos referentes a distintas áreas de ese Poder y que atañen asimismo a otras instituciones del sistema de justicia. De manera recurrente el Magistrado Presidente mostró la precariedad con la que los tribunales realizan su labor, entre otros grandes temas.
Planteó que muchos de los problemas referidos a la eficiencia y eficacia de la justicia dominicana están centrados en la falta de recursos económicos –los cuales le corresponde legalmente al Poder Judicial–, debido a que el Poder Ejecutivo no cumple con el mandato de la Ley de Autonomía Presupuestaria, dando lugar a que el monto asignado al Poder Judicial sea apenas de un 52 por ciento del que le corresponde. En diversas ocasiones FINJUS ha compartido esta posición, abogando por un fortalecimiento institucional y la mejora del sistema de justicia en general.
Al tiempo que planteamos nuestra identificación con lo expresado por el Magistrado Presidente, manifestamos que ha llegado el momento de dar un paso adelante en la solución institucional de esta irregularidad. Lo que procede en términos institucionales es el uso de los recursos democráticos consignados en nuestra Constitución para garantizar una mejoría del Poder Judicial, esto es, que se haga constar la existencia de un conflicto de competencia que sea resuelto por el Tribunal Constitucional.
El Consejo del Poder Judicial, como órgano de gobierno del Poder Judicial debe exigirle al Estado dominicano que, tal como ordena la Ley de Presupuesto General, cumpla con la asignación del 2.66% del PIB al Poder Judicial, establecido en la Ley No. 194-04, formalizándolo directamente ante el Tribunal Constitucional a través de un conflicto de competencia. En el artículo 59 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, No. 137-11, se establece que le corresponde al Tribunal Constitucional resolver los conflictos de competencia de orden constitucional entre los poderes del Estado, así como los que surjan entre cualquiera de estos poderes y entre órganos constitucionales.
Es bien sabido que al ser dos poderes del Estado que están conminados a velar por un mismo asunto de orden público, se hace necesaria la intervención de este órgano constitucional para obtener una respuesta jurídicamente óptima. El titular del Consejo del Poder Judicial es a quien le corresponde exponer precisamente las razones jurídicas en que se fundamente el conflicto, tal como lo establece el artículo 60 de la Ley No. 137-11. Es menester indicar que la relevancia de las controversias constitucionales entre los poderes del Estado, reviste de importancia sustantiva para la organización del Estado y para actuar en efecto a través del ordenamiento jurídico dominicano a futuro, por ello insistimos en que sea ésta acción y no otra la que siente las bases para continuar consolidando integralmente el Estado Social y Democrático de Derecho.
A propósito del llamamiento del Magistrado Presidente de la Suprema Corte de Justicia con relación a la necesidad de que se produzca una gran unidad institucional y social para enfrentar la grave y triste realidad del feminicidio, FINJUS se solidariza y apoya esta propuesta acertada.
Nos preocupa que ese gran Pacto que propone el magistrado Presidente pudiera terminar siendo una nueva expresión de buenas intenciones si las instituciones oficiales que están llamadas a dirigir e implementar las acciones más importantes del mismo no vencen dos obstáculos fundamentales: en primer lugar la falta de recursos para materializar los planes y programas que se han diseñado y en segundo lugar, si no se supera la incoordinación que parece existir entre todos los entes que están involucrados en el tema (Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de la Mujer, Vicepresidencia de la República, Policia Nacional, Ministerio de Salud, entre otros…)