SANTO DOMINGO, República Dominicana.- “Conflictos de intereses” han influido para que se mantengan estancados en el Congreso importantes iniciativas legislativas, entre éstas el anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, que ya perimió pero será reintroducido con miras a su discusión y eventual aprobación.
Así lo manifestó el senador Rubén Darío Cruz, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Municipal de la Cámara Alta, quien presidió a su vez la Comisión Especial designada para el estudio y conocimiento de este proyecto.
Indicó que el Senado tiene en carpeta “varios proyectos de ley trascendentes, que le van a cambiar el rumbo a ciertos temas a nivel nacional, como es la Ley de Agua de la RD, que es un tema altamente conflictivo, como lo es también el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo”.
“Ambos proyectos envuelven muchos conflictos de intereses”, dijo el representante senatorial de Hato Mayor por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en declaraciones al periódico Acento.
El legislador precisó que el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo fue aprobado en la Cámara de Diputados, con el acompañamiento de organismos internacionales. “Pero hay muchos intereses envueltos, sobre todo con el cambio de uso de suelo”, sostuvo.
Explicó que en el aspecto del uso de los suelos “hay situaciones complejas, de un suelo que está siendo usado para la agropecuaria, pero su vocación real se descubre que es para la minería”, o viceversa. “Entonces ahí viene el conflicto”, apuntó el candidato senatorial del PLD por Hato Mayor en los comicios generales de mayo próximo.
“Ruben Toyota”, como también se conoce al legislador, agregó que hay aspectos complejos que generan posiciones encontradas en torno a esta ley. “Está el tema de las telefónicas, el tema que atañe a las alcaldías, que si el impuesto es local o el impuesto es nacional… es un proyecto sumamente complejo y conflictivo, pero nosotros estamos llamados a darle salida en el menor tiempo posible”, afirmó.
“Tráfico de influencias” protege a granceras
Con relación a las empresas granceras que extraen agregados para la construcción en los ríos, el también vicepresidente de la Comisión Permanente de Recursos Naturales y Medioambiente del Senado atribuyó esta práctica al tráfico de influencias y a la complicidad de algunos funcionarios, así como al débil cumplimiento de las leyes.
“La Ley 64-00 (De Medioambiente y Recursos Naturales) es clara con este tema, lo que sucede -y hay que asumir en esto un papel responsable- es que aquí el tráfico de influencias también es muy fuerte, y lo que aquí se debe es aplicársele la ley a todo el mundo, no importa quién sea”, expresó Rubén Darío Cruz.
Señaló que “aquí tenemos más de 20 años diciendo quiénes son los dueños de las granceras y los dueños de las patanas y de las colas, de las furgonetas que cargan dicho material”.
“Quiero aprovechar para decir que el Gobierno ha sido firme con apoyar la ley, pero no podemos dejar de reconocer que independientemente de los grandes esfuerzos que hace el presidente Danilo Medina, hay funcionarios que a veces no actúan en consonancia con la actitud seria” del mandatario, puntualizó.