SANTO DOMINGO, República Dominicana- El Senado de la República también investiga la razón por la cual se encuentra paralizado el proyecto del Sistema de Radares Aéreos de las Fuerzas Armadas y el riego que corre la tecnología sensitiva almacenada por más de tres años en la base militar de San Isidro, lo que implicaría una pérdida de 57 millones de dólares para el Estado dominicano.
La situación ha estado bajo investigación de una comisión de altos oficiales militares.
Al menos 21 cajas conteniendo tecnologías sensitivas de última generación, incluyendo sensores y pantallas. Se trata de tecnología importada desde Israel que permanece en los depósitos de la Intendencia de Abastecimiento de la FARD desde julio de 2012.
La Comisión de Seguridad y Defensa Nacional del Congreso de la República se trasladó a la Base Aérea de San Isidro con el propósito de comprobar físicamente las condiciones y estatus de los quipos y edificaciones del proyecto militar a cargo del Ministerio de Defensa.
Estos radares permiten localizar aeronaves sospechosas en el espacio aéreo nacional y facilitar que los aviones Súper Tucano pudieran seguirlas e interceptarlas
La comisión estuvo integrada por los congresistas Carlos Manuel Castillo, Adriano Sánchez Roa, Manuel Antonio Paula, Rosa Sonia Mateo, Arístides Victoria Yeb y Eddy Mateo Vásquez, quienes realizaron la inspección del proyecto el 13 de noviembre de 2014.
Los legisladores rindieron su informe al pleno del Congreso Nacional el 3 de diciembre de 2014, favoreciendo la terminación del proyecto, argumentando que es necesario para la Fuerzas Armadas en la defensa del espacio aéreo nacional y la lucha en contra del narcotráfico.
La visita de los senadores a la base militar la recoge el informe de la comisión de generales que designó el Ministerio de Defensa para estudiar, al igual que los congresistas, el estatus actual del proyecto.
La licitación internacional de la compra e instalación de la plataforma de radares tridimensionales fue ganada por la empresa Alla del grupo A del Estado Israel (Israelí Aeronautics Industries) representada en el país por Consorcio Heaven Peralta Elta (COHPE).
Estos radares permiten localizar aeronaves sospechosas en el espacio aéreo nacional y facilitar que los aviones Súper Tucano pudieran seguirlas e interceptarlas obligándolas a identificarse para investigar si se trata de vuelos controlados por el narcotráfico u otro crimen organizado.
Además de estas dos comisiones oficiales, la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) envió a sus técnicos a la Base Aérea de San Isidro, el 11 de julio de 2014, para inspeccionar las condiciones físicas y estructura del edificio C-3 FARD y el nivel de ejecución del proyecto.
Los técnicos también supervisaron la tecnológica almacenada como censores, pantallas, cableadas y otros dispositivos sensitivos del sistema en proceso de los radares.
El 15 de septiembre de 2014, la Cámara de Cuentas emitió un informe preliminar concerniente al Ministerio de Defensa, en el cual se refiere a las condiciones del proyecto y la situación de los equipos almacenados en la Intendencia de Abastecimiento de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD). Pero los resultados no fueron revelados.
De dañarse los equipos y mantener paralizado los trabajos más allá de lo establecido en el contrato firmado entre la empresa y el Ministerio de Defensa, el Estados Dominicano perdería US$ 57 millones.
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