SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Amnistía Internacional y Oxfam lamentaron este viernes que el Senado de la República haya rechazado la observación presidencial al Código Penal, ‘‘perdiendo una gran oportunidad de ampliar el marco de derechos y acceso a servicios de salud de las mujeres, sobre todo las más pobres’’.
La observación realizada por el Poder Ejecutivo el pasado diciembre daba al país la posibilidad de salir del pequeño grupo a nivel mundial con leyes restrictivas de aborto que vulneran derechos humanos.
La propuesta incluida por el ejecutivo presenta un artículo que despenaliza el aborto cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, si es resultado de una violación sexual o incesto o por mal formación fetal incompatible con la vida.
“El Senado dominicano acaba de desperdiciar una gran oportunidad de estar en el lado correcto de la historia, este vergonzoso voto contra la despenalización del aborto no hace más que poner en peligro la salud y la vida de millones de mujeres y niñas. En lugar de jugar juegos políticos con la vida de las mujeres, las autoridades deben concentrar su tiempo y sus esfuerzos en proteger sus derechos humanos”, expresó Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
“Exhortamos a la Cámara de Diputados y Diputadas acoger la observación presidencial como medida de balance democrático en consonancia con las políticas públicas que debe diseñar e implementar el Estado para alcanzar los indicadores a que aspira en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END-2030), y la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que contribuyen a reducir las desigualdades”, afirmó Raúl del Río, director de Oxfam en República Dominicana.
La penalización absoluta del aborto lleva a las mujeres a someterse a acciones desesperadas e inseguras que ponen en riesgo sus vidas, y su salud física y emocional, a la vez de restringir a la capacidad del personal de salud a brindar servicios de acuerdo con sus conocimientos científicos y los mejores estándares médicos.
La República Dominicana ostenta una vergonzosa tasa de mortalidad materna, una de las mayores en la región latinoamericana, 106 muertes por cada 100 mil nacimientos vivos según datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) del 2013.
Según El Instituto Guttmacher y el Centro de Derechos Reproductivos, la prohibición absoluta del aborto ha llevado a que más de 90 mil abortos inseguros ocurran en el país cada año, representando una de las causas principales de la mortalidad materna.
La situación es de mayor riesgo para las mujeres más pobres y el país se encuentra dentro de los más altos índices de femininidad de la pobreza, 134 en contraste con el promedio regional 117 como lo evidencian los datos del informe Privilegios que Niegan Derechos que publicó Oxfam en 2015.
Esta realidad contrasta con la decisión tomada por el Senado y con los llamados a país hechos por diversos organismos de derechos humanos a nivel regional e internacional.
Según la Constitución Dominicana y la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional en 2015 para el caso de la acción en inconstitucionalidad de la aprobación anterior del Código Penal, las observaciones presidenciales deben ser aprobadas o rechazadas en ambas cámaras del Congreso.
Oxfam y Amnistía Internacional instan a los diputados y las diputadas a usar sus votos para proteger los derechos a la salud y a la vida de las mujeres y niñas dominicanas.