SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Varios gremios del sector bancario y financiero depositaron este miércoles 14 de octubre ante el Tribunal Constitucional, un recurso de inconstitucionalidad contra le Ley de Notariado 140-15, para que sea excluida de ordenamiento jurídico porque viola los principios de la Carta Magna.
Manifestaron que esta ley afecta especialmente a quienes aspiran a obtener un techo económico, al imponer nuevas tarifas por servicios notariales que se elevan hasta en un 1600 por ciento.
Francisco Álvarez Valdez, representante legal de las organizaciones señaló que dicha ley estimula la desbancarización de los ciudadanos, empujando al aumento de la economía informal.
“Tiene esta ley una tarifa excesiva que va a perjudicar no solamente a las entidades financieras sino a toda la población del país”, criticó Alvarez.
El representante legal de Asociación de Bancos Comerciales (ABA), la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD) y la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (LIDAAPI), destacó que si un individuo toma un préstamos de 150 millones de pesos debe pagar 200 mil, pero si toma 3 millones deberá ofrecer solo en honorarios de notarios.
“Tiene esta ley una tarifa excesiva que va a perjudicar no solamente a las entidades financieras sino a toda la población del país”
“Según datos de la Superintendencia de Bancos, hay una cartera de préstamos de 772 mil millones de pesos que si usted esa cartera lo convierte en préstamos de RD$100 mil y multiplica esos por la tarifa que se le debe pagar al notario, solo este se llevaría RD$24 MM”, señaló al ejemplificar lo que trae consigo la ley promulgada el día 7 de agosto del 2015.
También manifiesta que otro punto de preocupación es el hecho de la jurisdicción privilegiada en que se ven envueltos los notarios públicos quienes no podrán ser investigados sin antes dicho proceso sea decidido por su colegio.
“Si cometen una infracción penal quien lo va a juzgar es la Suprema Corte de Justicia (SCJ), pero quien decide si se debe juzgar o no es el Colegio de Notarios porque la Ley dice que las querellas contra los notarios se deposita en el Colegio de Notarios”, reprochó el experto constitucionalista.
Además, criticó que ellos mismos sean los que decidan sobre su propia suerte.
Otro aspecto señalado como incongruente en dicha ley, es el pago de 100 pesos por cualquier proceso notarial que realice un ciudadano tanto en la Procuraduría General como en la Cancillería, entre otras instituciones que legalice documentos.
Explicó que es posible que si se realizan entre tres mil o cinco mil procedimientos de este tipo al mes, estaría aportándose entre 3.5 a 5 millones de pesos mensual para el Colegio de Notarios.
“Y esto es de los bolsillos de las personas más necesitadas que son las que más buscan un sencillo documento para legalizar cualquier cosa en la Procuraduría General y otras instituciones del Estado”, agregó.
Enfatizó que el Colegio de Notarios podría nutrirse de sus propios miembros, y que no luchan solo porque dicha situación les afecte a ellos si no porque lo hace a la economía del país.
El día 7 de agosto del 2015, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 140-15, la cual deroga la Ley 301 del 18 de junio de 1964, junto a otras legislaciones que regulaban el ejercicio de los notarios públicos dominicanos.