WASHINGTON, Estados Unidos.- El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, declaró que en este momento “tenemos un problema internacional de derechos humanos” por la decisión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana de quitar la presunta nacionalidad de miles de personas de ascendencia haitiana. “Está clarito, nadie puede ser privado de su nacionalidad”, dijo Insulza ante los miembros del Consejo Permanente.

En una intervención en la mañana del martes en la reunión del Consejo Permanente de la OEA, que tardó dos horas y media discutiendo la decisión de la República Dominicana y sus implicaciones internacionales, Insulza explicó que la OEA no se ha quedado indiferente y que de inmediato habló con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para opinar sobre el dictamen del Tribunal Constitucional.

Dejó claro que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la OEA, y que la OEA es la Corte, por lo que recordó que ya existe un precedente de condena a la República Dominicana por la Comisión, precisamente sobre este mismo tema.

A continuación un resumen de la intervención de José Miguel Insulza en la reunión del Consejo Permanente de la OEA, la mañana del martes, en la que estuvo presente una delegación oficial del gobierno dominicano, encabezada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio:

Discurso de José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, sobre sentencia del Tribunal Constitucional de RD

Quisiera informar lo que hemos hecho y cómo estamos tratando el tema.

El mismo día de la sentencia (del Tribunal Constitucional, el 26 de septiembre) hablamos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y le pedimos coordinar una reacción.

Este es un tema fundamental de Derechos Humanos. La OEA es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Emitimos un pronunciamiento, como Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Me entrevisté con Gonzalves (Primer Ministro de San Vicente y Granadinas) y acordamos que el Consejo Permanente tratara el tema.

Hablé con el embajador de Haití (Duly Brutus). Conversé con el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, y me dijo su limitación y su interés en buscar salida al tema.

El Secretario Adjunto (Albert Ramdin) y yo hemos expresado nuestra profunda preocupación por este asunto.

Este tema es complejo. Comparto la opinión importante de que aquí hay un tema de Derechos Humanos, que trasciende lo nacional, como ha dicho el embajador de Jamaica (Stephen Vasciannie). Hay una situación que afecta directamente …voy a decirlo de la manera más suave posible…que un día creían que eran dominicanos y fueron notificados podían no serlo, y eso significó para muchos de ellos que habían nacido y habían crecido en la República Dominicana, el quedar sin la nacionalidad.

Y la verdad es que quedar sin la nacionalidad es una cosa muy terrible, la nacionalidad es un principio universal consagrado en el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en el artículo 20 de nuestra Convención Interamericana de los Derechos Humanos (eso creo, o viceversa). Está clarito, nadie puede ser privado de su nacionalidad. Hay un problema realmente.

Pero también tenemos otro problema. Tenemos un problema institucional. Esta Organización de Estados Americanos se rige por la Carta Democrática Interamericana, que entre otras cosas institucionaliza el respeto a la independencia y el Estado de Derecho, y esta es una sentencia emitida por una Corte Constitucional, dentro de un Estado de Derecho, y por consiguiente el problema en esta organización es encontrar un camino en dos direcciones.

Cómo enfrentar una situación en que, por una parte, hay una sentencia de un Tribunal Constitucional, y por otro lado hay un problema de Derechos Humanos.

Creo que esta es una afrenta a través de su sistema de Derechos Humanos. Creo que este es un tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Olvidé decir al comienzo que hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida hace unos años atrás, en que en un caso similar señala que el Estado Dominicano debe inscribir a esa persona como corresponde en sus registros.

Por lo tanto, ya hay una sentencia. Yo espero que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vaya a la República Dominicana, gestión que también se ha hecho, obtener una visita de la Comisión Interamericana a la República Dominicana.

Debo reconocer en este sentido que ha habido plena disposición de las autoridades dominicanas a recibirlos (*), por lo tanto ya está encaminado.

Pero tenemos que tratar de resolver este problema. Este no es un problema que resolvamos solamente con una resolución, ni con una declaración, si bien estas cosas ayudan muchísimo.

Este es un problema que se resuelve también con buena voluntad de todos, para que estas personas, estos dominicanos de origen haitiano, que entendieron hasta el 23 de septiembre que eran ciudadanos dominicanos, y de pronto aparecieron al día siguiente que ya no lo eran, naturalmente puedan en lo posible resolver su problema con el Estado Dominicano, porque no hay otra forma de resolverlo. No existe otra forma de resolverlo. Yo creo que esa es la disyuntiva de la cuestión a la que estamos enfrentados.

Creo que debemos seguir abocados a esto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consultando con el Consejo Permanente, trabajando todo lo que sea posible, sin hacer ninguna gestión que signifique ruptura del diálogo, porque en esta disyuntiva, cuando estamos ante la situación, según se ha dicho, no quiero citar cifras, de cientos de miles de personas, por una parte, y por otra parte, ante una decisión que no es apelable.

Tenemos que buscar una solución con el máximo de acuerdo posible, con el máximo de apertura y el máximo de buena voluntad.

Esa ha sido y esa va a seguir siendo la conducta de esta organización.

Muchas gracias.

(*) Insulza se refiere a la el mismo 26 de septiembre, fecha en que se dio a conocer la sentencia del Tribunal Constitucional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitó ser recibida en visita oficial al país. El gobierno dominicano respondió a inicios de octubre, a través del embajador Giovanni Ramírez Martínez, diciendo que la solicitud de visita de los comisionados Ortiz y Gonzalez “no podía ser atendida en estos momentos, pudiendo ser la misma solicitada para otra ocasión”.