SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Suprema Corte de Justicia envió a la Procuraduría General de la República la sentencia del juez de la Instrucción Especial de la Jurisdicción Privilegiada, Francisco Ortega, donde se ordenan las medias de coerción a los imputados en el caso de corrupción de la empresa Odebrecht.
La Procuraduría General de la República estaba a la espera de la sentencia para ejecutar el traslado de los apresados a las cárceles de Najayo y La Victoria.
La sentencia impone contra los imputados las siguientes medidas de coerción:
La establecida en el artículo 226 del Código Procesal Penal, numeral 7mo., consistente en prisión preventiva
contra:
Ángel Rondón Rijo, por espacio de Un (1) año, a ser cumplido en la Cárcel Pública de La Victoria; Víctor José Díaz Rúa y Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, por espacio de Nueve (9) meses, a ser cumplidos en la Cárcel Modelo de Najayo; Juan Temístocles Montás, Porfirio Andrés Bautista García y Ruddy González, por espacio de Seis (6) meses, a ser cumplidos en la Cárcel Modelo
de Najayo; César Domingo Sánchez Torres y Máximo Leónidas de Óleo Ramírez, por espacio de Tres (3) meses, a ser cumplidos en la Cárcel Modelo de Najayo;
La establecida en el artículo 226 del Código Procesal Penal, numeral 6to., consistente en arresto domiciliario, contra: Ramón Radhamés Segura y Juan Roberto Rodríguez Hernández; por espacio de Nueve (9) meses;
Las establecidas en el artículo 226 del Código Procesal Penal, numerales 1ero. y 2do., consistentes en la presentación de una fianza ascendente a RD$5,000,000.00, como garantía económica; e impedimento de salida del país, contra: Tommy Alberto Galán Grullón, Senador de la República por la Provincia de San Cristóbal; Julio César Valentín Jiminián, Senador de la República por República Dominicana.