SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, declaró en la reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, celebrada este martes 29 de octubre, que la mayoría de las opiniones adversas expresadas por los embajadores partían del desconocimiento del contenido de la sentencia. Dijo que probablemente la mayor parte de los presentes no la había leído.
Al mismo tiempo, hablando en nombre del gobierno dominicano, expresó que esa misma Organización de Estados Americanos que estaba debatiendo sobre un tema de soberanía de la República Dominicana, había auspiciado o apoyado la intervención militar de los Estados Unidos al país en 1965.
En una intervención ríspida sobre las diversas críticas formuladas por los embajadores de diversos países, en relación con la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, Roberto Rosario se remitió a la historia dominicana.
Explicó que República Dominicana fue invadida por Haití y que tuvo que conseguir su independencia del dominio haitiano, y que posteriormente tuvo que enfrentar al colonialismo español, para alcanzar la Restauración de la República. Recordó que entre 1916 y 1924 el país fue invadido militarmente por los Estados Unidos y que “en 1965, con el patrocinio de la OEA, fue invadida por los Estados Unidos”.
De acuerdo con el presidente de la Junta Central Electoral “la cultura dominicana es una, y no hay dos culturas dominicanas”. Fue enfático y directo en su discurso, sin asumir las poses diplomáticas que normalmente se acostumbra en estas reuniones.
“Yo preguntaba hoy que si habían leído la sentencia, incluyendo al propio Secretario General, y me dijo que no, que había tenido acceso a un resumen. La sentencia es de 99 páginas. Voy más lejos: ¿La habrán leído todos los que estamos viendo? ¿Se entenderá lo que está planteando?”, se preguntó Rosario Márquez.
Dijo que las críticas son interesadas contra la República Dominicana, y que se trata de “una visión particular interesada, que es el resultado de la falta de información del contenido de la sentencia”.
El presidente de la JCE expresó, en nombre del gobierno, que no contestaría cuestionamientos que parten del desconocimiento de la sentencia. “La República Dominicana no contestará muchas de las afirmaciones que se hacen, porque son el resultado del desconocimiento del instrumento que se juzga, y sería un abuso estar contestando sobre temas que se desconocen, por tanto no vamos a contestar eso”, declaró.
Y para dejarlo más claro, que hablaba en nombre del gobierno, dijo que la visita solicitada por la misión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el 26 de septiembre y que le fue negada, "no pudo ser en estos días porque nuestro canciller está enfermo. Pero ya nos pusimos de acuerdo. Y la visita será posible con el permiso de la Cancillería."
Incidentes y debates
Giovanni Ramírez Martínez, embajador interino ante el Consejo Permanente por la República Dominicana, explicó que los acuerdos entre el gobierno dominicano y la presidencia de la reunión era que la reunión sería meramente informativa.
Cuando el representante dominicano quiso sugerir un procedimiento sobre las veces que debía permitirse intervenir a la delegación dominicana, el presidente del encuentro, el peruano Walter Jorge Albán Peralta, lo detuvo en seco. “La sesión del Consejo Permanente la dirige la presidencia. No podemos innovar en los procedimientos, pues se crearía un caos”, dijo deteniendo al delegado dominicano.
El delegado de Haití, Duly Brutus, le brindó su apoyo al secretario general, luego de escuchar el discurso de José Miguel Insulza, y el apoyo dado por el chileno al presidente del Consejo en relación a que RD tenía turnos limitados para responder al conjunto de los cuestionamientos.
Tomaron la palabra seguidos, con serios cuestionamientos y críticas a la decisión del Tribunal Constitucional, los embajadores de Suriname (Niermala Badrising), Trinidad Tobago, Santa Lucía (Sonia Merlyn Johnny), Antigua y Barbudas (Deborah-Mae Novell), San Vicente y las Granadinas (La Celia A. Prince), Haití, Santa Lucía, y Dominica (Hubert J. Charles).
Los representantes de El Salvador y Nicaragua hicieron preguntas y expresaron entender a la República Dominicana. En varias intervenciones que tuvo el embajador de Nicaragua (Denis Ronaldo Moncada Colindres), lo hizo para apoyar la posición dominicana. Lo mismo hizo el embajador de El Salvador (Joaquín Alexander Maza Martelli).
La representante de los Estados Unidos (Carmen Lomellin), en un breve discurso en inglés expresó preocupación por los efectos de la decisión, pero animó a un diálogo y entendimiento entre las partes. Lo mismo hizo el embajador de Canadá (Allan Culham), que expresó desconcierto con la decisión y exhortó al gobierno dominicano a trabajar con el gobierno haitiano en la búsqueda de una solución amigable.
El gobierno de Venezuela, a través de su embajadora, dijo que apoyaría sus reflexiones “sobre la base de su comprometida política a favor de los migrantes y de los refugiados, amparados por nuestras leyes y compromisos internacionales, y por principios democráticos”.
México, por vía de su embajador Emilio Rabasa Gamboa, dijo que siempre ha sustentado y sustenta su defensa de los derechos humanos, y dentro de ellos lo que denominó al principio pro-persona, que siempre busca la mayor protección a las personas.
El embajador de Haití, Dulys Brutus, tomó la palabra para presentar en nombre del gobierno haitiano a ex embajador en la República Dominicana, Guy Alexandre. Nicaragua quiso aclarar si representaba o no al gobierno haitiano, y su intervención fue detenida por un momento, hasta que se le permitió continuar.
Alexandre respondió en español el discurso de Roberto Rosario, particularmente los datos históricos que ofreció, y sustentó su rechazo al discurso de Rosario con referencias de los historiadores Roberto Cassá y Frank Moya Pons, en el sentido del papel destacado por ellos que jugó Haití en la lucha por la libertad de América Latina en el siglo antepasado. Explicó que los patriotas dominicanos llamaron a los haitianos a unirse con ellos frente al colonialismo español, y lo hicieron aportando armas, soldados y recursos.
Dijo que la Restauración de la República Dominicana se logró con el apoyo del gobierno de Haití, y que en 1965, para enfrentar la invasión norteamericana hubo presencia de haitianos entre la resistencia, particularmente exiliados haitianos de la dictadura de Duvalier, bien conocido como el Comando Haitiano, integrado por el poeta Jacques Viaux y muchos otros.
César Pina Toribio tomó nuevamente la palabra para identificar claramente la opinión del Poder Ejecutivo dominicano: que está obligado a cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional, como parte de su esquema de derechos y valores democráticos e institucionales. Dijo que el gobierno “hace esfuerzos para que la sentencia se cumpla respetando los derechos individuales de las personas vinculadas y además procurando que las soluciones permitan continuar la colaboración, el intercambio y las relaciones armoniosas que han caracterizado los últimos tiempos ambos países”.
Guy Alexander dijo que escuchó a Pina Toribio identificar una supuesta actitud hostil de Haití frente a la República Dominicana. “Yo quisiera decir que todo lo que estamos tratando de hacer en Haití ahora, tanto a nivel Estado o de la sociedad civil, corresponde a un voto para empujar lo que nos parece algo preocupante. No es una campaña contra la República Dominicana. Lo que queremos es que nos ayuden, tanto a los haitianos como a los dominicanos, a impedir los desastrosos, inevitablemente desastrosos efectos de la aplicación de esta sentencia”.
Y para concluir, respondiendo a Roberto Rosario en el sentido de que no se había leído la sentencia, declaró: “Yo la leí, la tengo aquí, no corresponde a 99 páginas como dijo el señor. Son 150 páginas y yo se lo que hay adentro (de ella)”.