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Rosado Mateo habría intervenido para borrar 2 fichas criminales al "arbitrario"

Por Gustavo Olivo Peña


SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Dos fichas criminales que pesaban sobre el teniente coronel Johan Liriano Sánchez habrían sido retirada por solicitud de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) a la Procuraduría General de la República.

Hasta el 5 de mayo de 2011, el Sistema de investigación Criminal (SIC) de la Procuraduría general de la República registraba dos fichas criminales, una por distribución de drogas y  otra por homicidio, tal como consta en los documentos de una investigación interna de la Policía Nacional.

En mayo de 2011, el Cuerpo especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) le negó  al coronel Liriano (conocido entre los periodistas del AILA como el "arbitrario") la emisión de un carnet  para que pudiera trabajar como “jefe antinarcóticos” en el aeropuerto Internacional de las Américas.

Liriano Sánchez acababa de ser nombrado jefe de operaciones de la DNCD en el AILA, pero según el CESAC, el oficial policial tenía antecedentes penales.

Fue entonces cuando el  CESAC solicitó al Sistema de Investigación Criminal (SIC)  de la Fiscalía de la provincia Santo Domingo la depuración del teniente coronel Liriano Sánchez, y dos semanas después la Fiscalía entregó copias de dos fichas criminales  en su contra, que en ese momento se encontraban en el sistema de la Procuraduría General de la República.

Ante la negativa de las autoridades aeroportuarias de dotar de un carnet de acceso para que el coronel pudiera  ingresar  a las oficinas de las autoridades anti drogas en el AILA, el general de brigada Rolando Rosado Mateo, que era el presidente de la DNCD, se reúnen en mayo de 2011 con el procurador de la República, que entonces era Radhamés Jiménez, a quien le habría pedido que retirara del sistema la dos fichas porque supuestamente eran falsas.

Estas revelaciones fueron  hechas por el propio coronel Liriano cuando fue interrogado por elConsejo Superior de la Policía Nacional en agosto de 2013, cuando fue investigado por otros casos delincuenciales que dio como resultado la solicitud de su cancelación como miembro de esa institución.

Entre las fichas entregadas al CESAC figura  una en  la Unidad de Querellas y Conciliaciones de esa fiscalía  marcada con el número 2011-305- 00052, de fecha 11-07 de 2004,  que vincula al entonces sargento policial Liriano Sánchez en la ejecución de un homicidio.

También  en 2003 aparece otra ficha en el expediente, en la cual el coronel Liriano está acusado de distribución de drogas, en violación a la ley 50-88 sobre tráfico y distribución de drogas narcóticas.

La defensa de Rosado Mateo

El ex presidente de la DNCD, mayor general Rolando Rosado Mateo, ha manifestado en  defensa a favor del coronel Liriano Sánchez, que las fichas son falsas y acusa a los supuestos narcotraficantes  Pascual Cordero Martínez (alias El Chino)  y a Emilio Mesa Beltré (alias El Gringo) de haber pagado para que fueran colocadas en el Sistema de Investigación Criminal (SIC) de la Fiscalía de la Provincia Santo Domingo.

Sobre estas acusaciones del general Rosado Mateo, la Procuraduría General de la República no ha negado ni confirmado la denuncia.

Sin embargo, en 25 de mayo de 2011, la Procuraduría emite un certificado de no antecedentes penales a favor del  teniente coronel Johan Liriano Sánchez, que permitió a las autoridades del CESAC a entregar un carnet al oficial para poder movilizarse por el AILA en labores de la DNCD.

La entidad judicial emitió la certificación número 01-112308 de fecha 25 de mayo de 2011, que “limpia” el historial criminal del oficial que hasta el 5 de mayo de ese año reposaba en la Fiscalía de la Provincia Santo Domingo.

“Certificamos que en el Sistema de Investigación Criminal (SIC)  de esta Procuraduría General de la República, no existe registrada información de casos penales en contra de Johan Emilio Liriano Sánchez,   por lo que se expide presente Certificación de no antecedente penales.”

Actualmente el coronel Liriano Sánchez es investigado en la Fiscalía de la provincia San Cristóbal, porque la Policía Nacional, institución a la que pertenece  el oficial, lo acusa de integrar una  supuesta banda de narcotraficantes y sicarios, grupo criminal que habría dado muerte a tres personas.

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