SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Una investigación publicada por el diario La Prensa, de Panamá, y con la firma de su director, Rolando Rodríguez, menciona que el representante de IBT Group Panamá, Rogelio Oruña, fue quien recibió dinero ilegal dirigido a funcionarios del gobierno panameño, vinculado con contratos en los que estarían vinculados altos funcionarios de ese país.
IBT Group es una firma dominicana con fuertes inversiones en Panamá, dirigida el empresario José Ramón Brea, y que tiene como representante en Panamá a Rogelio Oruña, un ciudadano cubano-estadounidense, que también realiza negocios en la República Dominicana.
En una casa de Oruña en Casa de Campo, el pasado 14 de abril, fue detectada una gran cantidad de dólares, se habla de 3 millones 332 mil 675, vinculado con un alijo de droga encontrado en un bote de un empresario puertorriqueño.
Posteriormente la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) desvinculó a ambos empresarios, sin investigarlos, del paquete de dinero y de droga. Rolando Rodríguez, director del diario La Prensa, de Panamá, informa en el reportaje publicado este lunes que “según documentación y declaraciones obtenidas por los fiscales de Italia, esos pagos fueron hechos a Rogelio Oruña –representante de IBT Group Panamá– que a su vez canalizaría estos fondos a funcionarios del Gobierno panameño. También se le pagó a Valter Lavítola, quien entonces era huésped del Gobierno y del Presidente panameño”. 
Acento reproduce a continuación, con autorización del diario La Prensa, el reportaje que se dio a conocer este lunes, como parte de una serie de investigaciones sobre las relaciones del gobierno panameño con cabilderos y negociantes de escasa o ninguna credibilidad:
Lavítola – Martinelli: cárceles, helicópteros y coimas
El expediente por soborno internacional en Panamá, en el que Valter Lavítola está acusado, refleja una trama de corrupción, chantajes y el pago de sobornos a allegados cercanos del presidente Martinelli.
ROLANDO RODRÍGUEZ B.
07/10/2013 – Las cárceles modulares que iba a construir la empresa Svemark no se hicieron. Pero sus directivos confesaron haber pagado sobornos a altos funcionarios panameños. Las coimas habrían alcanzado sumas multimillonarias, pero el negocio fue abortado.
Mientras que el Ministerio Público panameño optó por “enterrar” toda investigación relacionada con la polémica contratación directa de cárceles, radares y helicópteros a empresas de Italia, los fiscales de aquel país han proseguido las indagatorias por “soborno internacional”.
En Panamá, la única acusada es Balbina Herrera, la excandidata presidencial del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), que hizo pública una serie de correos electrónicos cruzados entre el presidente, Ricardo Martinelli, y Valter Lavítola, un hábil intermediario que guarda arresto domiciliario en Roma.
El Gobierno de Panamá negoció durante más de dos años el diseño y construcción de cárceles modulares en cuatro ciudades del país. De acuerdo con las pesquisas en Italia, se hicieron pagos en 2010 y 2011 por alrededor de 850 mil dólares a personas de gran cercanía con el presidente Martinelli.
Según documentación y declaraciones obtenidas por los fiscales de Italia, esos pagos fueron hechos a Rogelio Oruña –representante de IBT Group Panamá– que a su vez canalizaría estos fondos a funcionarios del Gobierno panameño. También se le pagó a Valter Lavítola, quien entonces era huésped del Gobierno y del Presidente panameño.
Svemark, además, hizo pagos a una empresa de la que es socio el italiano Claudio Fagiano. El dinero de esta transferencia fue a dar, según los testimonios recabados en Italia, a las manos de Francisco Frankie Martinelli, primo del Presidente, pero Fagiano niega haberle entregado dinero a Frankie Martinelli.
Svemark pretendía obtener un contrato directo de más de 200 millones de dólares para su proyecto de cárceles modulares.
De acuerdo con las pruebas que reposan en el expediente de Italia, en las negociaciones para fijar el precio de las cárceles, además del primo Frankie, participó el propio hijo del Presidente, Ricardo Rica Martinelli Linares.
Rica, quien ni antes ni ahora ha sido funcionario del gobierno de su padre, aceptó acompañar a Lavítola a ver a la entonces ministra de Gobierno, Roxana Méndez, en sus gestiones por lograr el contrato de Svermark.
También el expediente da cuenta de que el embajador italiano acreditado en Panamá en aquel entonces hizo gestiones “para tratar de desbloquear la cuestión de la construcción de las cárceles modulares”.
Justamente, el embajador trató de reunirse, junto con el socio principal de Svemark, Angelo Capriotti, con Rica Martinelli, confesó Lavítola a los fiscales italianos.
La Prensa procuró obtener la versión del Presidente, de su hijo, de su primo, de la exministra Méndez y del resto de los funcionarios mencionados en esta investigación, sin que se haya recibido respuesta alguna hasta el cierre de esta edición.
El Presidente, sin embargo, tras recibir el cuestionario enviado por La Prensa, dijo en su cuenta de Twitter el viernes pasado: “Me cuentan que el diario de la opo está reeditando la telenovela italiana para promover y defender a su protagonista local”.
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