Por Rodrigo Cervantes/Para KJZZ/Traducción por Iván Pérez Carrión
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Cerca de la bulliciosa avenida Washington, en Santo Domingo, se esconde una organización de lucha por los derechos de la mujer: Colectiva Mujer y Salud.
La Colectiva, como algunas personas lo llaman, se parece a cualquier otra casa, y por una razón. Tuvo que quitar su nombre de la fachada después de recibir amenazas de los que se oponen a su causa.
La organización ha estado en la primera línea en la actual batalla para despenalizar el aborto. República Dominicana es uno de los seis países en el mundo donde una mujer puede ir a la cárcel por hacerse un aborto. Y quienquiera que la ayude, un pariente o un médico, también podría ir a prisión.
Mientras que los políticos en Arizona debaten sobre más regulaciones para el aborto, en República Dominicana el debate se centra en su despenalización. Y las políticas federales pro-vida en Estados Unidos podrían afectar los programas de salud en la nación caribeña.
Indiana Jiménez es abogado en República Dominicana. Trabaja con Women’s Link Worldwide y se ha asociado con La Colectiva. Uno de sus casos se hizo emblemático en la lucha por el derecho al aborto: la muerte de una embarazada de 16 años, cuya identidad estaba protegida con el entrañable nombre de "Esperancita" – que pudiera significa "poca esperanza".
Esperancita tenía leucemia y estaba embarazada de siete meses cuando solicitó tratamiento. Pero los médicos se negaron dárselo, ya que pondría en peligro al feto y un aborto iría en contra de la ley.
"No le dieron la oportunidad de luchar por su vida, de recibir el tratamiento inmediatamente cuando se les pidió, y cuando llegó el tratamiento, ya estaba muy deteriorada y el embarazo y la quimioterapia no hicieron más que agravar la situación", dijo Jiménez.
Jiménez representa a la madre de Esperancita en una demanda contra los médicos. El caso sigue siendo investigado después de cuatro años. Mientras tanto, el Congreso dominicano debate la posibilidad de permitir el aborto sólo en tres situaciones: violación, malformaciones genéticas y para salvar la vida de la madre.
La enmienda tiene el apoyo del presidente dominicano Danilo Medina. Pero los grupos conservadores y católicos están tratando de detenerla, como ya lo han hecho antes.
"Los problemas de la vida no se pueden enfrentar evadiéndolos, sino enfrentándolos", dijo Pelegrín Castillo, un político de derechas. Es uno de los líderes del movimiento pro-vida en República Dominicana.
Castillo cree que el caso de Esperancita ha sido utilizado por grupos pro-elección que son producto de lo que él llama "imperialismo anticonceptivo estadounidense".
"Estados Unidos debe apoyar, si es que hay alguna, la "vida "y no las políticas anticonceptivas", dijo el político, que acusa a Estados Unidos de interferir en las políticas domésticas.
Sin embargo, aplaude que el presidente Donald Trump restablezca la "regla de la mordaza global", que recortará los fondos federales a organizaciones de todo el mundo que proporcionan o "promueven" abortos.
Castillo también acusa al anterior embajador estadounidense, James "Wally" Brewster, de incitar políticas liberales en República Dominicana. Brewster llegó al país con su esposo, provocando quejas de grupos conservadores e incluso de la Iglesia Católica Romana, que se oponen al matrimonio gay.
Castillo dijo que Brewster dio recursos a una organización de salud llamada Profamilia para una guía de salud reproductiva.
"Profamilia obtuvo dinero de ellos para publicar un libro que promueve las perversiones sexuales, no la educación sexual", dijo Castillo.
Profamilia es una gran institución centrada en la atención de la salud reproductiva. Ha existido por más de cuatro décadas, y tiene clínicas en vario lugares del país.
Cientos de pacientes de todas las edades se pueden ver en una de esas clínicas, en un barrio de clase baja, en el norte de Santo Domingo. María Vargas está entre ellos.
"Profamilia me ha dado tratamiento gratuito para mis dos embarazos; me quedé embarazada cuando era adolescente", explica Vargas.
República Dominicana es uno de los países con el índice más alto de embarazos tempranos en el mundo. Mientras que el embarazo en la adolescencia ha disminuido en la última década, el país ocupa el lugar número 24 en el mundo de embarazos de adolescentes, con 97 nacimientos por cada 1,000 mujeres entre 15 y 19 años de edad. Níger lidera la lista con una tasa de 201 nacimientos.
República Dominicana es uno de los países con el índice más alto de embarazos tempranos en el mundo. Clínicas como las de Profamilia ayudan a las madres jóvenes, especialmente las de bajos ingresos, en su embarazo.
La directora de Profamilia, Magaly Caram, está preocupada por el impacto que tendrá la "regla de mordaza global" en sus programas.
"Estamos buscando fondos constantemente, incluso con embajadas y con el gobierno dominicano", dijo Caram. Si pierden el dinero que provenía de la USAID, tendrán que reducir los programas de ayuda a los jóvenes.
Datos de USAID indican que Estados Unidos aporta más de US$160 millones a República Dominicana para programas relacionados con la salud reproductiva.
"La USAID está revisando el memorándum presidencial y estamos consultando con el Departamento de Estado y otras agencias sobre su implementación", dijo un portavoz de USAID.
El dinero federal llega al mundo a través de organizaciones globales como el socio de Profamilia, International Planned Parenthood Federation, la Federación de Planificación Familiar Internacional.
Planned Parenthood se centra en los servicios y la promoción en temas de salud de la mujer a lo largo de 190 países en el mundo. Trabajan como una plataforma y también en la financiación de organizaciones autónomas locales y organizaciones miembro, como Profamilia.
Giselle Carino encabeza la Federación en América Latina y el Caribe. Ella dijo que la federación perderá cerca de US$100 millones en la financiación global después de que se aplique la "regla de la mordaza".
“Esta regla está eliminando el acceso a fondos críticos para apoyar la anticoncepción y la salud materna, y esos elementos son críticamente importantes para la salud de las naciones, para las que Estados Unidos ha sido tradicionalmente uno de los principales financiadores", dijo.
Carino está preocupada porque afectará no sólo los programas de salud reproductiva, sino también otros tratamientos clave.
"La financiación que está en juego apoya principalmente la anticoncepción, programas de prevención del VIH y zika", dijo.
Carino consideró injusta la penalización actual del aborto en República Dominicana, particularmente porque los más pobres de los pobres mueren con estas regulaciones.
Para ella, aumentar el acceso a los programas de salud reproductiva, incluida la legalización del aborto, es en realidad la mejor manera de eliminar o disminuir el número de abortos.
Y la batalla de Planned Parenthood contra las restricciones locales y la regla de la mordaza está apenas comenzando.
"Seguiremos la lucha, ya hemos estado en esto antes, por el derecho de las mujeres a la anticoncepción, el aborto seguro y legal, y la educación cuando sea necesario", señaló Carino.