Santo Domingo, República Dominicana (EFE).- El Gobierno dominicano rechazó hoy por "extemporánea, sesgada e inoportuna" la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que condenó al país por la violación de varios derechos en deportaciones efectuadas entre 1999 y 2000.
"República Dominicana rechaza la sentencia (de la CorteIDH) del 28 de agosto de 2014 por considerarla extemporánea, sesgada e inoportuna", afirmó el portavoz del Gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, en un documento que leyó en el Palacio Nacional.
El funcionario precisó que de la misma forma, sin que haya espacio a dudas, el país manifiesta su adhesión al artículo 1 del Convenio de La Haya, de 1930, que faculta a cada Estado a regular y determinar, de acuerdo con su legislación, quiénes son sus nacionales.
"Este principio, pilar del derecho internacional, es innegociable para el Estado dominicano. El Gobierno reitera su compromiso con el sistema interamericano, pero cualquier interpretación antojadiza del mismo en modo alguno, puede afectar la soberanía dominicana ni la potestad del Estado para definir por sus normas internas el régimen de la nacionalidad", agregó Rodríguez Marchena.
Expuso que el Gobierno dominicano entiende que esta sentencia, que se refiere a hechos acontecidos entre los años 1999 y 2000 y que fue dada a conocer el miércoles, pasa por alto numerosas circunstancias como la de que el país tiene en marcha la implementación de un plan integral para la regularización y documentación de todas las personas que habitan en el territorio dominicano.
"Nuestro deber, en primer lugar, es defender la soberanía de la República Dominicana, mantener la estabilidad política y social en nuestro territorio y favorecer un clima de convivencia pacífica", dijo el portavoz del presidente dominicano, Danilo Medina
"Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ignorado aspectos muy relevantes de nuestra historia reciente que muestran la voluntad inequívoca de la República Dominicana de modernizar y mejorar su marco legal. Ejemplo de esto es la Constitución aprobada en 2010, que incluye derechos de tercera generación", dijo el director de comunicación del Gobierno.
"Debemos enfatizar que las soluciones que ha planteado el Gobierno dominicano y que están en marcha son fruto del más amplio consenso logrado en nuestro país en esta materia y suponen un avance sin precedentes en las últimas décadas", agregó Rodríguez Marchena.
Destacó que, como parte de la "convicción y compromiso con la protección de las personas, el Gobierno ha creado una unidad especializada en derechos humanos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con rango de dirección y con un equipo de primera línea".
Asimismo, resaltó que desde hace casi un año el país y la República de Haití han sabido transformar lo que comenzó como un desencuentro entre ambas naciones en un proceso de diálogo bilateral más fructífero, el cual, a su juicio, ha permitido una cooperación sin precedentes en materia de documentación.
"Nuestro deber, en primer lugar, es defender la soberanía de la República Dominicana, mantener la estabilidad política y social en nuestro territorio y favorecer un clima de convivencia pacífica", dijo el portavoz del presidente dominicano, Danilo Medina.
La CorteIDH encontró culpable a República Dominicana por violaciones a los derechos de identidad, igualdad ante la ley, libertad personal, garantías judiciales, protección judicial, a la familia, a la dignidad, así como una infracción a la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros.
Los hechos ocurrieron entre 1999 y 2000 cuando el Estado detuvo y expulsó del país hacia Haití de manera arbitraria a 27 personas, 22 de las cuales eran dominicanas y cinco haitianas, entre quienes había niños que vivían en República Dominicana.
"La corte determinó la existencia, al menos durante un período cercano a una década a partir de 1990, de un patrón sistemático de expulsiones, inclusive mediante actos colectivos, de haitianos y personas de ascendencia haitiana, que obedece a una concepción discriminatoria", indica un comunicado del tribunal.
En el fallo, los jueces aseguran que los documentos de identidad oficiales de algunas de las víctimas fueron destruidos o desconocidos por las autoridades estatales en el momento de la expulsión, mientras que otras de las personas no tenían documentos.
"La corte determinó que para la época de los hechos en República Dominicana las personas haitianas y de ascendencia haitiana comúnmente se encontraban indocumentadas y en situación de pobreza, y sufrían con frecuencia tratos peyorativos o discriminatorios, inclusive por parte de autoridades", agregó el tribunal. EFE
A continuación, la declaración leída por el también director general de Comunicación de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena:
El Gobierno dominicano rechaza la Sentencia dela Corte Interamericana de Derechos Humanos
El Gobierno de la República Dominicana rechaza la Sentencia de 28 de agosto de 2014 Serie C, número 282 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por considerarla extemporánea, sesgada e inoportuna.
De la misma forma, sin que haya espacio a dudas, manifiesta su adhesión al artículo 1 delConvenio de la Haya, de 1930, que faculta a cada Estado para regular y determinar, de acuerdo a su legislación, quiénes son sus nacionales. Este principio, pilar del Derecho Internacional, es innegociable para el Estado dominicano.
Creemos firmemente que la hoja de ruta que nos hemos trazado es el camino adecuado para lograr nuestro objetivo, que siempre ha sido, y será el mismo: construir un país sin exclusión y sin discriminación, en el que los derechos humanos fundamentales y el respeto a las leyes de la República Dominicana caminan de la mano con un mismo fin: propiciar la felicidad de las personas
El Gobierno reitera su compromiso con el sistema interamericano, pero cualquier interpretación antojadiza del mismo en modo alguno puede afectar la soberanía dominicana ni la potestad del Estado para definir por sus normas internas el régimen de la nacionalidad.
Entendemos, además,que esta sentencia, que se refiere a hechos acontecidos en los años 1999-2000, pasa por alto numerosas circunstancias. Entre otras, que el país tiene en marcha actualmente la implementación de un plan integral para la regularización y documentación de todas las personas que habitan en el territorio dominicano.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanosha ignorado aspectos muy relevantes de nuestra historia reciente, que muestran la voluntad inequívoca de la República Dominicana de modernizar y mejorar su marco legal. Ejemplo de esto es la Constitución aprobada en 2010, que incluye derechos de tercera generación.
Es conocido el compromiso férreo del gobierno dominicano con el respeto por los derechos humanos y con la búsqueda de soluciones a los desafíos que enfrentamos en materia de documentación.
Debemos enfatizar que las soluciones que ha planteado el gobierno dominicano y que están en marcha son fruto del más amplio consenso logrado en nuestro país en esta materia y suponen un avance sin precedentes en las últimas décadas.
Esa voluntad de avance y transformación es apoyada y conocida por la comunidad internacional y por numerosas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que están trabajando con nosotros sobre el terreno para la implementación de soluciones.
Cabe mencionar entre ellas la Organización Internacional para las migraciones yla Mesa Nacional para Migración y Refugiados en RD, que reúne a las principales organizaciones religiosas y civiles especializadas en estos temas en el país.
Asimismo, como parte de nuestra convicción y compromiso con la protección de las personas, el gobierno ha creado una unidad especializada en Derechos Humanos en nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, con rango de dirección y con un equipo ampliado de primera línea.
Por otra parte, queremos resaltar que desde hace casi un año nuestro país y la República de Haití han sabido hacer de la dificultad, virtud, transformando lo que comenzó como un desencuentro entre nuestras naciones en el proceso de diálogo bilateral más fructífero que han visto nuestros pueblos en las últimas décadas.
Este diálogo ha permitido, entre otras cosas, una cooperación sin precedentes en materia de documentación. Agradecemos las acciones que ha llevado a cabo el gobierno de Haití para facilitar los procesos, entre ellas la apertura de 4 nuevas oficinas consulares en la República Dominicana.
Entendemos que, en pro de los avances obtenidos y de la sostenibilidad de este proceso de diálogo, vamos a continuar por la ruta que nos habíamos trazado y que avanza por buen camino.
Nuestro deber, en primer lugar, es defender la soberanía de la República Dominicana, mantener la estabilidad política y social en nuestro territorio y favorecer un clima de convivencia pacífica.
Por todo lo anterior, el gobierno de la República Dominicanasigue firme en su determinación de continuar trabajando en la misma dirección, con responsabilidad y sin descanso, pero partiendo siempre de la realidad social, política y económica de nuestro país.
En definitiva, creemos firmemente que la hoja de ruta que nos hemos trazado es el camino adecuado para lograr nuestro objetivo, que siempre ha sido, y será el mismo: construir un país sin exclusión y sin discriminación, en el que los derechos humanos fundamentales y el respeto a las leyes de la República Dominicana caminan de la mano con un mismo fin: propiciar la felicidad de las personas.
Finalmente, debemos recordar que la separación de poderes es la base de un verdadero Estado de derecho y su desconocimiento atentaría contra los valores democráticos asumidos por la sociedad dominicana.
Fue de estos poderes públicos que emanaron la Constitución del año 2010, las sentencia TC168-13 y posteriormente la Ley No. 169-14, que contó con el consenso de todos los sectores de la sociedad dominicana y fue aprobada a unanimidad por el Congreso Nacional.
En consecuencia, cualquier posición que cuestione los poderes legítimamente constituidos de nuestro Estado es inaceptable para la República Dominicana.