SANTO DOMINGO, República Dominicana (Diana Peguero/Especial para Acento.com.do).- El coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en la República Dominicana, Lorenzo Jiménez de Luis, declaró este lunes que con la decisión de penalizar la interrupción del embarazo sin excepciones las autoridades dominicanas han caído en “incongruencia jurídica”.
El representante de la ONU en el país criticó que los legisladores dominicanos acojan tratados a favor de los derechos de la mujer y luego aprueben un código que penaliza el aborto sin excepciones.
En una rueda de prensa celebrada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, (UASD), Lorenzo Jiménez de Luis, estuvo entre las personalidades y organizaciones sociales, académicas y del sector salud, que hicieron público un manifiesto donde solicitan a los senadores la aprobación del aborto en las tres causales fundamentales propuestas por las mujeres.
Las organizaciones plantean la inclusión de un párrafo en el Código Penal que disponga:
“No será punible la interrupción del embarazo cuando sea practicado por personal médico especializado, en centro o establecimiento de salud público o privado, en los casos en que peligre la vida de la gestante, cuando ésta ha sido víctima de violación o incesto o cuando el embrión o feto presente malformaciones incompatibles con la vida”.
Las entidades dijeron que en caso de que el Congreso Nacional no acoja esta propuesta, el próximo paso será acudir ante el Tribunal Constitucional. Asimismo, dijeron que podrían acudir ante organismos internacionales con los que la República Dominicana ha suscrito acuerdos. Indicaron que no descansarán hasta que sea escuchada su voz.
Durante la actividad, los voceros hicieron hincapié en el artículo 38 de la Constitución de la República, el cual establece que “el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que les son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”.
Asimismo, destacaron que el país tiene un alto índice de mortalidad materna, lo cual es particularmente importante si se toma en cuenta que el 13% de estas muertes son causadas por abortos clandestinos practicados en condiciones de inseguridad, según datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).
La Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres está integrada por más de 60 organizaciones nacionales e internacionales que buscan promover el derecho a la salud sexual reproductiva de las mujeres dominicanas y sus familias.