MIAMI-FLORIDA, Estados Unidos.-La organización Reporteros Sin Fronteras solicitó a las instituciones correspondientes en la República Dominicana la despenalización de los delitos de prensa, tomando como referencia el reciente caso donde la empresa multinacional canadiense Gildan Activewear Dominican Republic, ha demandado por “difamación” a los periodistas Robert Vargas y Genris García.

Conforme señala el documento de RSF, tanto Vargas como García se “enfrentan a una posible sentencia que va de los tres meses a un año de cárcel y una multa cuya suma oscilaría entre los 5 y 500 salarios mínimos”.

Reporteros Sin Fronteras, considera que “la despenalización de los delitos de prensa, es una reforma urgente para garantizar a los periodistas el libre ejercicio de su profesión en República Dominicana, sin temer a ser encarcelados", afirma el alto organismo periodístico.

Robert Vargas es periodista y editor de la página web ciudadoriental.org y Genris García, director de la página vigilanteinformativo.com. Son comunicadores de larga data, conocidos en su país.

En la zona del Caribe, Granada ya hizo el primer avance aprobando la despenalización de la difamación (pero sólo en parte, ya que la “difamación sediciosa” sigue siendo delito penal)" afirma Reporteros Sin Fronteras

Recientemente los dos periodistas habían publicado en Internet algunos reportajes sobre los daños ambientales causados por la empresa en los alrededores del municipio de Guerra, al este de la provincia de Santo Domingo.

Los reportajes recogían los testimonios de las comunidades locales que denunciaban la contaminación ambiental y la deforestación causada por las instalaciones y actividades de la multinacional en el país.

“Este ataque judicial es un verdadero acto de censura que apoya los intereses de la multinacional textil Gilda, y con ella, lo que pretende es detener la difusión de la información sobre el negativo impacto ambiental que se viene generando en la región. No es la primera vez que ocurre un hecho de esta índole", indicaron los reporteros.

Debate Código Penal

Este caso surge en el contexto del debate sobre la reforma del código penal dominicano y la ley 6132 sobre la Expresión y la difusión del pensamiento.

El proyecto de ley, que había sido aprobado en primera instancia por la Cámara de Diputados y por el Senado, llevó a la movilización del SNTP (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa) y el CDP (Colegio Dominicano de Periodistas), que denunciaron ante la opinión pública el carácter retrógrado de algunos artículos del Código Penal, como el 191 y el 193, que castigan con penas de prisión de hasta tres años y multas de hasta nueve salarios mínimos a los periodistas que pudieran ser condenados por divulgar información considerada difamatoria contra funcionarios públicos.

El SNTP y el CDP han solicitado que todos estos artículos relativos a la penalización de los delitos de "difamación" e "injuria" sean suprimidos del nuevo código penal.

"Cuando toda la jurisprudencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronuncia sobre la despenalización, sería un verdadero paso atrás para la libertad de información, la aprobación de este proyecto de ley en República Dominicana, sería un verdadero paso atrás.

En la zona del Caribe, Granada ya hizo el primer avance aprobando la despenalización de la difamación (pero sólo en parte, ya que la “difamación sediciosa” sigue siendo delito penal)" afirma Reporteros Sin Fronteras.

La organización recuerda además la declaración de Nelson Guillén, presidente de la Comisión de Comunicación en la Cámara de Diputados, que ha asegurado modificación del proyecto de ley y ha manifestado su voluntad de unirse a la lucha mundial por la despenalización de los delitos de prensa en el país caribeño.