SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Al cumplirse 7 años de la Sentencia 163-13 del Tribunal Constitucional, que despojó de la nacionalidad dominicana a todos los migrantes o sus descendientes no documentados a partir del año 1929, el Movimiento Reconocido llamó al gobierno a buscar solución a las personas que fueron despojadas de la ciudadanía y dejadas en apatridia.
Reconocido pide "una salida urgente, real y efectiva" que le ponga fin a la situación de desnacionalización y apatridia generada por las Sentencia 168-13, emitida por el Tribunal Constitucional el 23 de septiembre del año 2013.
"Hoy cumple 7 años de vigencia y no olvidamos. La Sentencia ha dejado suspendida la vida de miles y decenas de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana", indicó la entidad en un comunicado.
Consideró que la TC-168/13 ha rebasado todos los límites impuestos por la razón y la objetividad, desafiando más de 80 años atràs y múltiples generaciones, aplicó retroactivamente una desnacionalización masiva desde 1929 hasta el 18 abril del 2007.
"Como sociedad civil y como Estado deberíamos estar discutiendo hoy la reparación del daño causado a nuestros proyectos de vida frustrados, sueños truncados y vidas suspendidas por más de una década, y a nuestros descendientes"
A juicio de la organización, este fallo judicion ha sido la aberración jurídica más atroz jamás producida en el país y una de las mayores violaciones a derechos humanos en la historia dominicana basada en la discriminación étnica y racial por el origen nacional de los padres de los afectados.
Expresó que esta funesta sentencia legitimó las constantes violaciones a los derechos humanos que se han denunciando desde décadas atrás las diversas organizaciones que trabajan con la población dominicana de ascendencia haitiana.
Reconocido dijo que, al emitir la sentencia 168-13, el Tribunal Constitucional destruyó su razón de ser, porque la esencia del Tribunal Constitucional es hacer respetar la Constitución y la garantía de los derechos, y por el contrario, legitimó las prácticas sistemáticas históricas de discriminación y segregaciòn racial que mantuvo y sigue manteniendo la Junta Central Electoral.
"Un sector conservador, busca a toda costa mano de obra barata, semi esclava y ha escogido una de las formas para lograr sus objetivos mediante la negación sistematica de derecho, manteniendo un gran porcentaje de la población en la esclavitud de la ignorancia, impidiéndole obtener documentación para poder estudiar y desarrollarse plenamente como personas con dignidad", resaltó.
Advirtió que actualmente la pandemia del COVID-19 ha agravado la vulnerabilidad de los dominicanos de ascendencia haitiana, y ni siquiera pueden acceder a los programas de auxilio del Gobierno por la falta de documentación.
"Como sociedad civil y como Estado deberíamos estar discutiendo hoy la reparación del daño causado a nuestros proyectos de vida frustrados, sueños truncados y vidas suspendidas por más de una década, y a nuestros descendientes. Demandamos que el Estado Dominicano, y este nuevo gobierno que tiene como lema el cambio busque una solución a la desnacionalización y la apatridia desde una perspectiva de justicia y derecho", indicó.