WASHINGTON, Estados Unidos.- La República Dominicana se enfrentará a su más serio desafío en la Organización de Estados Americanos desde la época de los 12 años de gobiernos del doctor Joaquín Balaguer.

El secretario del Consejo Permanente del organismo multilateral, el peruano Jorge Alban Peralta, convocó a una sesión ordinaria para el próximo martes 29 de octubre, a las 11 de la mañana, para discutir la sentencia 168/2013 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que estaría dejando sin nacionalidad a un número aún indeterminado de ciudadanos hijos de extranjeros, especialmente de haitianos, nacidos en el país entre el 21 de junio de 1929 y 2013.

“El Secretario del Consejo Permanente saluda atentamente a los Representantes Permanentes y tiene el honor de informarles que el Presidente ha convocado a una sesión ordinaria del Consejo que se celebrará el martes, 29 de octubre de 2013, a las 11:00 a.m. La sesión se celebrará en el Salón Libertador Simón Bolívar, con el objeto de considerar los asuntos que se incluyen el orden del día que se acompaña”, dice la convocatoria.

En punto 4 del orden del día es una propuesta de San Vicente y las Granadinas para debatir la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El punto dice lo siguiente:

“Solicitud de la Misión Permanente de San Vicente y las Granadinas relacionada con la decisión adoptada por la Corte Constitucional de la República Dominicana en fecha 23 de septiembre de 2013 (CP/INF. 6803/13)”.

La misión permanente de San Vicente y las Granadinas hizo su solicitud este 25 de octubre, y recibió respuesta inmediata. La embajadora permanente, Celia A. Prince dice en su solicitud que la decisión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana anula la ciudadanía de un número significativo de personas nacidas en la República Dominicana, de padres extranjeros,  que afectará a varios estados miembros de la OEA.

En este momento la República Dominicana no tiene un representante permanente en la OEA, sino un embajador interino, que es el señor Jiovanny Felipe Ramirez Martinez, nombrado en la posición por el ex presidente Leonel Fernández en el 2008, mediante el decreto 764-08.

Dada la jerarquía e independencia del Consejo Permanente de la OEA, es para que quien acuda a representar el país sea el mismo canciller como responsable de la política exterior, el ingeniero Carlos Morales Troncoso. Sin embargo, el ingeniero Morales está en licencia médica.

Varios representantes diplomáticos están muy interesados en esta sesión del Consejo Permanente. Para la República Dominicana es una sesión igualmente relevante. Este viernes el presidente dominicano se reunió con los embajadores de por lo menos 16 países de América Latina y el Caribe para explicar las decisiones del Consejo Nacional de Migración y de paso explicar la sentencia del Tribunal Constitucional y sus alcances.

Hay mucha tensión alrededor de este tema en los organismos internacionales y en los embajadores ante esos organismos. Algunos están pidiendo subir el tono de las exigencias a la República Dominicana. Otros entienden la necesidad de “sacar los tanques” del cuerpo diplomático para emprender la batalla ante el nuevo escenario creado por la sentencia del Tribunal Constitucional.

Acento supo que el gobierno y el Tribunal Constitucional con la Junta Central Electoral han preparado una defensa de la decisión y que el lunes sale hacia Washington una misión oficial para defender la posición del gobierno ante la sentencia.

Los miembros del Consejo Nacional de Migración comenzaron a debatir una propuesta de Plan Nacional de Regularización de extranjeros que es mucho más drástica que la propia sentencia, al establecer que los dominicanos considerados extranjeros que no se acojan al plan que se les propone, les tocará de inmediato la deportación, y que quienes se acojan al Plan de Regularización “deberán reivindicar su nacionalidad de origen”.

Habría que ver el problema internacional que se crearía, porque para deportar esos ciudadanos se debería contar con la aceptación del “estado de origen”. Si ese estado no reconoce a esas personas ¿Hacia dónde serían deportados?