SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) y el Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU) declararon que la República Dominicana ocupa el cuarto lugar mundial en número de mujeres y hombres que se dedican al trabajo sexual.
Al mismo tiempo las entidades acusaron al Ministerio Público y a la Policía de incrementar el maltrato a las trabajadoras sexuales, y pidieron el Procurador Francisco Domínguez Brito que cese la persecución en contra de ese sector.
Santo Rosario, director del COIN, y Jacqueline Montero, regidora por el municipio de Haina y presidenta del MODEMU, hicieron la denuncia al dejar inaugurado el “Foro sobre Violencia Basada en Genero Derechos Humanos y Trabajo Sexual”, que busca dar seguimiento a los casos de violación de derechos humanos.
“En un allanamiento realizado el pasado viernes en la discoteca Sensación, ubicada en la calle Pasteur en Gazcue, se desapareció un dinero”, denunciaron Rosario y Montero
“El Procurador Domínguez Brito persigue a las trabajadoras sexuales, pero no hace esfuerzos para que se les incluya en la seguridad social y en ningún programa que tenga como política pública sacarlas de esa situación de vulnerabilidad”, puntualizaron.
Los voceros del COIN y de MODEMU indicaron que en los últimos días se ha llegado a situaciones extremas, tanto verbalmente como físicamente. “En un allanamiento realizado el pasado viernes en la discoteca Sensación, ubicada en la calle Pasteur en Gazcue, se desapareció un dinero”, denunciaron Rosario y Montero.
Consideraron que la represión que llevan a cabo las autoridades dará resultados contrarios a los que se buscan, empujando a la clandestinidad esa actividad y haciéndola más vulnerable en todos los sentidos.
“La República Dominicana ocupa el quinto lugar en trabajo sexual en América Latina, y eso ni el Procurador, ni la Policía ni el Ministerio Publico lo van a resolver a la fuerza”, enfatizaron.
Santo Rosario y Jacqueline Montero dijeron que, según datos del Latinobarómetro, el 3 por ciento de los jóvenes dominicanos ni estudia ni trabaja, y revelaron que el 60 por ciento de las trabajadoras sexuales ni siquiera ha completado los estudios secundarios
“Eso puede aumentar las posibilidades de contagiarnos de una enfermedad de transmisión sexual o de VIH-Sida y poner nuestras vidas en peligro”, comentó Rosalba Karina Crisóstomo, una activista de las trabajadoras sexuales que participa en el Foro.
En el 2007 se estimaba que unas 100,000 personas ejercían el trabajo sexual en el país.
Santo Rosario y Jacqueline Montero identificaron el factor económico como el más conducente al trabajo sexual por razones de sustento familiar, completar ingresos y falta de educación, entre otros.
Y añadieron: “Detrás de cada una de esas mujeres hay una mujer con hijos, que muchas veces no pueden ir a la escuela, con necesidades de sobrevivencia, con sueños que la sociedad ha truncado y con las marcas visibles de la exclusión social y económica”.
Expresaron que al Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados han llegado denuncias de que las autoridades amenazan a las trabajadoras sexuales con llevarlas a la cárcel si portan condones y lubricantes en las carteras.
Explicaron que es un error de las autoridades dominicanas no relacionar la falta de oportunidades de trabajo con la realidad del trabajo sexual.
“Amplios sectores de la sociedad discriminan y estigmatizan a las trabajadoras sexuales sin entender la complejidad de la problemática social. La gran mayoría de las mujeres que ejercen ese trabajo residen o provienen de sectores marginados de provincias lejanas de la capital”, explicó la regidora Montero.
El “Foro sobre Violencia basada en Género , Derechos Humanos y Trabajo Sexual” sesionará dos días en Santo Domingo y dejará constituida una comisión interinstitucional que dará seguimiento a los casos de violación de derechos humanos de las trabajadoras sexuales.
Entre los temas del encuentro figuran “Contextualización del trabajo sexual en la República Dominicana”, por Liyana Pavón, entre otros.
El viernes 30 de mayo los participantes presentarán los resultados de los trabajos a las autoridades de la Policía Nacional, Procuraduría General de la República, ministerios de Salud Pública, Interior y Policía y Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), con los cuales las trabajadoras sexuales buscarán la firma de un acuerdo.