En su columna del pasado 20 de diciembre, Bernardo Vega (BV) aboga con entusiasmo por el establecimiento de relaciones diplomáticas entre RD y la República Popular China (RPC), fundamentando su apoyo, primordialmente, en los beneficios que el país podría derivar, según Bernardo, del comercio, las inversiones y los préstamos chinos, a la vez que minimiza los potenciales riesgos políticos que han surgido a raíz del comportamiento inédito del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, debido a su conversación telefónica con la presidente de Taiwán, Tsai Ing-wen y su posterior declaración sobre la política de “una sola china”, creando incertidumbre sobre el alcance de su comentario.
Aparte de BV, varias han sido las voces en el país que han hecho un llamado al establecimiento de dichas relaciones; entre otras, por ejemplo, se encuentra el reconocido empresario Fernando Capellán.
En este escrito propongo analizar la supuesta bonanza económica que se iniciaría por el simple vínculo diplomático con la RPC, así como los riesgos políticos que podrían surgir para RD, si se tomara dicho paso en este momento. Finalmente, daré mi opinión sobre una posible hoja de ruta para el gobierno.
Examinemos la importancia de los tres factores económicos para RD, uno a la vez; después la cuestión política. Primero el comercio.
BV escribe que “entre el 2000 y el 2011 el comercio chino con América Latina y el Caribe creció más de un 30% y China ya es, después de Estados Unidos, el país con mayor volumen de comercio con Latinoamérica y el Caribe, representando un 14% del volumen total. Es el primer socio comercial de Brasil, Chile y Perú”.
¿Cuál es la realidad actual?
RD viene comprando a la RPC una suma ascendente desde hace varios años, convirtiéndose ese país en el segundo suplidor de nuestras importaciones: en 2013 sumaron US$1 mil 872 millones, en 2014 US$2 mil 057 millones, y en 2015 US$2 mil 321 millones. Mientras tanto, nuestras exportaciones a la RPC han ido descendiendo: en 2013 fueron US$231 millones, en 2014 US$169 millones, y en 2015 US$122 millones. Como puede apreciarse, nuestro intercambio comercial es altamente deficitario, con un margen que se amplía cada año.
Esta situación se replica a través de Latinoamérica. Ningún país de la región, a excepción de Brasil y Chile, tiene una balanza comercial favorable con la RPC y el saldo positivo combinado de estos dos países en 2015, unos US$6 mil 600 millones, es prácticamente igual que el saldo negativo solo de Argentina, de alrededor de US$6 mil 500 millones.
Resulta revelador ponderar las cifras totales del intercambio comercial colectivo de 17 países latinoamericanos (todos, excepto Cuba y Venezuela) con la República Popular China en 2013, 2014 y 2015: en 2013, el déficit comercial para la región superó los US$71 mil 400 millones, en 2014, fue US$84 mil 600 millones, y en 2015, más de US$90 mil millones de dólares; las cifras no incluyen a Cuba y Venezuela, porque los datos no están disponibles en la página web de comercio internacional Trade Map. El grueso del déficit de la región le ha tocado a México, con aproximadamente US$54 mil 800 millones en 2013, US$60 mil 200 millones en 2014, y US$65 mil 100 millones en 2015.
Debido, en parte, a la desaceleración de la tasa de crecimiento anual de la economía china, de un 10,4% en 2010 a un 6,7% en la actualidad (de ser ciertas las cifras chinas, que muchos expertos extranjeros cuestionan), el déficit comercial latinoamericano ha continuado en ascenso: cada año China nos ha comprado menos, sin embargo, la región en su conjunto le ha comprado más.
Vale la pregunta: ¿Buen socio comercial?
En cuanto a las inversiones se refiere, BV afirma que debido a la falta de relaciones diplomáticas las inversiones chinas en RD han resultado pocas ya que un inversionista chino no podría “hacer una gestión diplomática ante el gobierno dominicano, o someter a la justicia a una entidad pública”.
Si bien es verdad que el “Memorándum entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China y la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores de la República Dominicana” de 1997, establece que las relaciones no pueden ser consideradas como diplomáticas y consulares, no menos cierto es que dicho acuerdo también estipula que las Oficinas Comerciales de ambos países tienen como objetivo promover las “relaciones económicas, comerciales y turísticas”. 
Este acuerdo entre las más altas instancias oficiales para el conducto de las relaciones exteriores de ambos países tiene -por lo menos- el viso de un contrato jurídicamente vinculante para las partes, y difícilmente podría argumentarse que el personal de las oficinas no puede ejercer, dentro de sus funciones, las gestiones necesarias ante las autoridades nacionales, para el cumplimiento de su misión. En cuanto a someter a la justicia a una entidad pública, cualquier compañía china en RD bien podría llevar ante los tribunales, dentro de los términos del contrato de inversión, al gobierno dominicano o a una de sus instituciones; otra cosa sería la ejecución de un laudo arbitral o decisión judicial desfavorable al gobierno, pero esa situación es aplicable por igual a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera (erga omnes).
Si la inversión china en la mina de oro en RD se hizo, como asevera BV, a través de una compañía australiana, fue sencillamente porque quiso, no porque no podía. Vale recordar la licitación de las plantas de punta Catalina en la cual participó la reconocida compañía china Gezhouba Group.
Extraña o convenientemente, entre los 21 países que BV señala con relaciones diplomáticas con Taiwán (más la Santa Sede), Bernardo omite mención alguna a Panamá y Nicaragua. Estas dos naciones, no solo gozan de lazos diplomáticos con Taiwán, sino que, además, son receptoras de cuantiosas inversiones de la RPC, lo cual desmiente la necesidad de tener relaciones diplomáticas con esa nación para lograr inversiones importantes.
Panamá ha recibido, desde la década de los ’90, varios miles de millones de dólares en inversión china, siendo la última de importancia, en mayo de 2016, la de la compañía Landbridge Group, que adquirió Panamá Colón Container Port (PCCP) y con ella la concesión por parte de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para operar el nuevo puerto, en el cual invertirá en los próximos tres años unos US$900 millones.
Como si esto fuera poco, Panamá ha manejado sabiamente sus relaciones con Taiwán de forma tal que ha logrado obtener, además, importantes inversiones taiwanesas a través de las décadas.
Por su parte, Nicaragua, aun manteniendo relaciones con Taiwán, ha logrado atraer la mayor inversión de la RPC en toda Latinoamérica: la construcción de un canal cuyo costo se estima en unos US$50 mil millones. La compañía de Hong Kong -HKND Group, que obtuvo la concesión por 50 años y otros 50 para manejarlo- inició la construcción del proyecto el 22 de diciembre de 2014.
Existen dudas -desde ciertos sectores- sobre si finalmente la concesionaria terminará el canal, pero lo cierto es que Nicaragua logró el contrato con la mayor inversión china en la historia de Latinoamérica sin tener relaciones diplomáticas con la RPC.
Es útil entender que las inversiones de la RPC están primordialmente orientadas a la explotación de recursos naturales (cobre, hierro, petróleo, gas, granos, etc.) y no están necesariamente orientadas hacia las inversiones que puedan ser de mayor utilidad para los países latinoamericanos. Ojo, no critico de manera alguna que China anteponga sus intereses nacionales por encima de otras consideraciones, es lo lógico para cualquier política exterior seria.
En cuanto a los préstamos chinos, la realidad es que la RPC no anda regalando dinero. El grueso de sus préstamos está concentrado en países como Venezuela, al cual ha concedido créditos por unos US$56 mil millones, pero garantizados con entregas de petróleo, y Brasil, con más de US$10 mil millones, avalados por yacimientos de Petrobras.
Las inversiones y préstamos chinos están orientados a garantizar el acceso a los recursos críticos para su economía y a asegurar su transportación a China, tal como, por ejemplo, la propuesta Ferrovía Transcontinental de Brasil a Perú, diseñada para reducir el tiempo de transporte y salida de los granos brasileños a China. Además, el uso de sus fondos tiene que estar orientado a contratar o comprar todo en la RPC (Buy All China), e incluye en muchos casos el empleo de su propia mano de obra.
Finalmente, para aquellos que se irritan con los viajes y otros lujos que las autoridades taiwanesas se gastan en cabildeo y relaciones públicas con nuestros congresistas y funcionarios, vale la pena recordar que la RPC no tiene el equivalente de una ley contra las prácticas corruptas de sus empresas en el extranjero como la de EE.UU. (FCPA, por sus siglas en inglés), y que no se conocen casos de empresarios chinos que hayan sobornado en el exterior y hayan sido condenados en China. En palabras del mismo Bernardo, China “es bastante inescrupulosa en cuanto a sobornos a funcionarios públicos”. 
Y, parafraseando el viejo spot publicitario del Ministerio de Turismo dominicano, sabemos, después de las revelaciones de los sobornos pagados a autoridades dominicanas por Embraer en el caso de los aviones Tucanos y por Odebrecht en relación a múltiples obras a través de 14 años y 3 gobiernos diferentes, que la capacidad para la corrupción y la impunidad en RD es “inagotable”.
Pasando al tema político, a partir de la llegada al poder en mayo de 2008, del Partido Nacionalista Chino o Kuomintang (KMT) en Taiwán, el presidente Ma Ying-jeou llegó a una tregua con el gobierno de la RPC y Beijing dejó de “seducir” a las pocas naciones que aun mantenían relaciones diplomáticas con Taiwán como RD.
Sin embargo, a raíz del triunfo en Taiwán en mayo pasado del partido que busca mayor autonomía e independencia económica, el Partido Progresista Democrático (PPD), con un 56,3% del voto, y la llegada al poder de Donald Trump en EE.UU., la situación política ha cambiado radicalmente; el gobierno chino se ha quitado los guantes.
La RPC mantiene la política llamada “Una Sola China”, mediante la cual postula que Hong-Kong, Macao y Taiwán forman parte integral de su territorio y, por tanto, promueve la reunificación bajo la égida de la RPC. En consecuencia, exige a los gobiernos que mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán romper dicho vínculo cuando reconocen al gobierno de la RPC.
Mientras tanto, en Taiwán se ha ido desarrollando una identidad taiwanesa y afianzando el sistema democrático, sobre todo entre los jóvenes. Los recientes intentos de la RPC de silenciar en Hong-Kong a legisladores disidentes, expulsándolos del consejo legislativo por decreto de la Asamblea Popular Nacional china, a la vez que ha tomado medidas de presión sobre los medios de comunicación, han creado en Taiwán un rechazo a esas disposiciones y aumentado el temor a lo que le podría suceder a la democracia taiwanesa en el caso de una reunificación.
La decisión de Donald Trump -a todas luces deliberada- de recibir una llamada de felicitación de parte de la presidente de Taiwán el pasado 2 de diciembre (el primer contacto entre una autoridad electa de EE.UU. y de Taiwán desde 1979), generó un fuerte rechazo por parte del gobierno de la RPC. Pocos días después, Trump declaró que EE.UU. no tenía por qué continuar aceptando la política de “Una Sola China” a menos que la RPC estuviera dispuesta a negociar diversos temas, entre ellos el comercio.
Añadió Trump mayor incertidumbre sobre el futuro de la relación EE.UU-China, con el nombramiento de Peter Navarro como encargado del recién creado Consejo Nacional de Comercio. Navarro es un feroz crítico de la RPC y sus políticas, en particular, las comerciales.
Una de las respuestas de la RPC a esta situación ha sido la de iniciar una intensa campaña para aislar a Taiwán, dirigida a quitarle los 21 países y la Santa Sede que aun la reconocen como nación independiente. El primero de éstos países en hacer el cambio ha sido Sao Tomé y Príncipe, el pasado 21 de diciembre.
Por otro lado, el ejército chino ha intensificado sus ejercicios militares, simulando una invasión de Taiwán, y recientemente un periódico oficial, el Global Times, ha editorializado que el gobierno de la RPC debería mostrar su determinación de recuperar Taiwán por la fuerza, afirmando que “la paz no les pertenece a los cobardes”.
Hay que recordar que EE.UU. aprobó en 1979 el Taiwán Relations Act, que define los términos de la relación entre Estados Unidos y Taiwán. Esta ley estipula, entre otros aspectos, la posibilidad de que EE.UU. defienda militarmente a Taiwán en caso de un ataque o invasión por parte de la RPC.
Desde hace varias semanas se rumora que el gobierno dominicano está analizando la posibilidad de establecer relaciones diplomáticas con la RPC, lo cual implicaría, como ya dijimos, cortar los lazos con Taiwán.
¿Resulta conveniente para RD establecer relaciones diplomáticas en este momento de incertidumbre y tensión entre las dos potencias que están definiendo el curso del Siglo XXI? ¿No sería prudente para un país pequeño como el nuestro, cuya economía depende de la de EE.UU., esperar hasta que se tenga mayor información y claridad sobre la ambigüedad generada por Trump?
Estamos hablando de nuestro principal aliado, la primera potencia mundial, cuyos cambios de comportamiento, nos gusten o no, afectan la geopolítica a nivel global.
En mi opinión, el gobierno dominicano debería mostrar una paciencia estratégica y esperar hasta que el nuevo gobierno de EE.UU. tome posesión e inicie una definición de su política hacia la RPC. Sería conveniente, además, esperar hasta que la Santa Sede adopte una decisión sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas con China.
Hay que entender que RD logrará la mayor atención posible -y mejores “condiciones”- mientras más pondere su decisión de establecer relaciones, pero una vez la adopte perderá el alto nivel de interés del gobierno de la RPC.
Finalmente, sugiero que el gobierno inicie una amplia consulta a nivel de expertos, empresarios, académicos y políticos sobre la conveniencia de mantener la candidatura de RD al Consejo de Seguridad de la ONU para el bienio 2019-2020, cuya elección tendrá lugar en el otoño de 2018.
En caso de que la decisión fuese positiva, deberían determinarse a través de dicha consulta los parámetros políticos que deben orientar la posición del país en dicho órgano, así como los recursos humanos necesarios para un debido desempeño.
No debería llegarse al Consejo de Seguridad sin que se hayan evaluado cuidadosamente los objetivos de dicha candidatura, así como los riesgos inherentes para el país en el ejercicio de una responsabilidad de tamaña envergadura.
¿Están la Cancillería y nuestra misión ante la ONU preparada para tomar posición sobre posibles conflictos entre EE.UU. y China en el Consejo de Seguridad? Decisiones que podrían afectar el país.
¿Cuál es, por ejemplo, la posición oficial del gobierno dominicano en relación al fallo de la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, del pasado julio, que decidió que los derechos históricos que Beijing reclama en relación a la “línea de nueve puntos” sobre el Mar de China Meridional “no tienen base legal”?
Hoy, en mi criterio, el nivel de preparación requerido para ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, órgano dedicado primordialmente al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, simplemente no existe en nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores.