SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El integrante de la Red Nacional por la defensa de la Soberanía, Rafael Helena Regalado, aseguró este viernes 16, que la entidad no se detendrá ante ningún organismo internacional a fines de evitar que sea vulnerada la soberanía dominicana, "en caso de que sea promulgada la Ley de naturalización, sin modificaciones que satisfagan a todos los sectores de la sociedad".
En ese sentido, el jurista, contactado por vía telefónica, aseguró que la Red Nacional por la defensa de la Soberanía, se encuentra en disposición de agotar todos los recursos jurídicos a su disposición – si la Ley que sea votada por los Senadores y posteriormente promulgada por el Poder Ejecutivo no satisface las expectativas –, para recurrir la disposición conforme lo establece la norma Constitucional.
“No vamos a frenar ni frente a USAID, ni frente a Estados Unidos, ni el Diablo que se aparezca. Esta es una lucha y que sabemos cuál es. La Red sabe lo que está pasando y cuál es el propósito de eso, que no es más que la fusión”, aseveró.
A su vez, Helena Regalado acusó a distintos países e instituciones sin fines de lucro (ONG) de propulsar la fusión de República Dominicana con la vecina nación haitiana.
“Eso es lo que quieren: es fusionar un pueblo con otro que son disimiles. Uno practica creencia a Dios y otro al Diablo. Que tienen diferentes costumbres, forma de pensar y actuar, lengua y religión. Eso no lo podemos permitir”.
Asimismo, hizo un llamado para que dichas naciones – Estados unidos, Francia, Canadá e Inglaterra –, a invertir en ese pueblo en programas de reforesta y educación, de forma que puedan devolver parte de los beneficios que han obtenido, teniendo como zapata la desdicha haitiana.
Si bien, admitió que el proyecto de Ley, aprobado en segunda lectura a unanimidad en la Cámara de Diputados este viernes, en parte llena algunas expectativas, conserva severas deficiencias, por lo que se continúa con la intención de regalar la nacionalidad a personas que no llenan los requisitos para esos fines.
“El Estado dominicano no puede darse el lujo de que personas que no cumplan en esa categoría sean beneficiados por la ley de nacionalización como esta. Esas son cosas que hay que corregirlas todavía”.
Presión.
Respecto a las supuestas imposiciones recibidas por parte de organismos internacionales, Helena Regalado manifestó que es indiscutible la influencia de las ONG y USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) en el ánimo del presidente Danilo Medina y de los legisladores y que generó la aprobación de la Ley en la Cámara de Diputados.
“Esa Ley que el presidente va a promulgar luego de ser aprobada por la Cámara de Diputados y de senadores, si no llena las expectativas de la sociedad o de cualquier persona que entienda que se puede modificar la Ley, pues se recurrirá en el Constitucional, porque para eso es que están los recursos”, sentenció.
En ese orden, criticó que a través del Decreto 327 se viole el artículo 15 de la Ley 285 Sobre Migración, que habla sobre las personas enfermas en casos terminales.
Según el jurista, el artículo 32 del 327-13, permitiría la entrada de enfermos mentales por un tiempo de 18 meses, por lo que se pretende “llenar más el país de personas ilegales, de personas enfermas terminales y de enfermos mentales”, lo cual constituye una carga a la nación.
“Está bien que no tenemos ni dolientes ni parientes, pero alguien debe velar por el pueblo dominicano, ya que el gobierno no está en esa posición”, aseveró.
Subrayó que es necesario esperar que sea aprobada la Ley en la Cámara de Senadores y promulgada por el Ejecutivo, para realizar un análisis sobre la ordenanza, a fines de determinar si viola o no la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
“Si está correcta, conforme a la Constitución y nuestras leyes, la aplaudimos y sería de satisfacción y gozo para la Red. Ahora, si lo que se pretende es complacer a los organismos internacionales, a las USAID a Estados Unidos en detrimento de nuestros derechos de ciudadanía exclusiva de dominicanos, ahí vamos a recurrir al Constitucional, que tiene una posición clara y precisa sobre ese tema, en caso de que sea ratificada y promulgada sin cambios”.