SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Las nuevas autoridades que se instalarán a partir del domingo próximo, deben investigar quien o quienes desde el gobierno permitieron que US$ 27. 5 millones en tecnología y equipos para la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD) se dañaran en un depósito, por negarse a entregar los recursos para el proyecto.

Los equipos fueron comprados en el gobierno de expresidente Leonel Fernández para un sistema radares militares, que daría apoyo a las operaciones áreas en la seguridad, vigilancia e interceptación de vuelos irregulares asociado al narcotráfico y otros ilícitos.

La primera fase del sistema tiene un costo para el Estado de US$ 34, 593,000,00, de los cuales se han pagado US$ 27, 548,909 a la empresa contratista.

Durante los ocho años de gobierno de Medina, las Fuerzas Armadas solicitaron los 7 millones de dólares restantes, para concluir la primera fase de los radares, pero nunca recibieron un centavo.

La instalación del sistema de alta tecnología está dirigido a integrar todos los elementos disponibles: aeronaves, personal técnico, comunicaciones, radares, datas e informaciones de los organismos competentes y de inteligencia en la aviación civil, para proporcionar una adecuada y eficaz vigilancia, protección y defensa del espacio aéreo nacional, operado por la FARD a través de un centro de Mando Control y Comunicaciones, según los expertos militares.

Funcionarios de la Presidencia, aparentemente, incidieron para que FF. AA no obtuviera los recursos para finalizar el sistema de radares 3-D y la construcción de del Centro de Mando, Control y Comunicaciones (C3) FARD, que sería responsable de controlar y vigilar el espacio aéreo y marítimo nacional, consideran algunos altos oficiales consultados

Los insumos adquiridos en 2010 a través de una empresa de Israel, están obsoletos y en avanzado deterioro, según confirman varios informes del Ministerio de Defensa y una comisión del Congreso Nacional.

La Comisión de Seguridad y Defensa del Senado de la República dio seguimiento al proyecto militar y resoluto para que el Poder Ejecutivo desembolsará los fondos restantes (US$7 millones) para que la compañía pudiera instalar, finamente, los radares en San Isidro.

Expertos consideran que la tecnología comprada hace 10 año, no será posible incorporar al proyecto de radares, porque actualmente está obsoleta y en mal estado, por su prolongado almacenamiento.

En 2014, la comisión del Senado inició una investigación del proyecto que tenía como objetivo determinar la situación operacional del Sistema Nacional de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo Nacional, así como los activos del sistema, su nivel de interoperabilidad y el aspecto presupuestario, documento del cual acento obtuvo copia.

Actualmente, la FARD para desarrollar sus operaciones de vigilancia y control del espacio aéreo, tiene que auxiliarse con los radares del Aeropuerto Internacional Las Américas y Punta Cana integrados en un solo circuito.

Los tres ministros de Defensa que sirvieron en los periodos de gobiernos de Danilo Medina, tramitaron sin resultados varias solicitudes de fondos para retomar la instalación de los radares, cuya tecnología y equipos reposan en la Base Aéreas de San Isidro, desde julio de 2010.

El proyecto, que fue declarado de Seguridad Nacional en el gobierno de Fernández, tiene como objetivo apoyar las operaciones de los aviones Super Tucano, adquiridos para combatir el narcotráfico transnacional, mediante la vigilancia del espacio aéreo y marítimo.

Recientemente en comandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, mayor general Richard Vásquez Jiménez, anunció que se hacen evaluaciones a través de una comisión bilateral conformada entre la Armada de la República Dominicana (ARD) y la FARD, para adquirir nueva tecnología para el proyecto de los radares.

En su informe presentado al Pleno del Senado de la República, la comisión de Defensa advirtió que la paralización del proyecto (que se inició en el último periodo de gobierno de Leonel Fernández) afecta el principio jurídico de continuidad del Estado y coloca al país en una posición en riesgo de ser penalizado por incumplimiento de contrato.

Funcionarios de la Presidencia, aparentemente, incidieron para que FF. AA no obtuviera los recursos para finalizar el sistema de radares 3-D y la construcción de del Centro de Mando, Control y Comunicaciones (C3) FARD, que sería responsable de controlar y vigilar el espacio aéreo y marítimo nacional, consideran algunos altos oficiales consultados.

Como último recurso, las Fuerzas Armadas han solicitado al Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) llevar a cabo una alianza estratégica que permita continuar y concluir el proyecto, la propuesta está aún pendiente.

En otro informe reciente entregado al ministro Administrativo de la Presidencia de la República, por la Comisión de Estudios Aeronáuticos de la FARD, considera que las autoridades militares dominicanas deben tener autonomía de la vigilancia del espacio aéreo nacional, ya que dependen de imágenes “espejo” de los radares del IDAC y del Joint Interagency Task Force Sonuth ( JIATS por sus siglas en inglés) del Comando Sur de los Estados Unidos.