SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Tras la publicación de la querella interpuesta por la Fundación Primero Justicia contra el ex presidente Leonel Fernández Reyna, miembros de la Fuerzas Armadas Dominicanas (FAD) y ejecutivos de la empresa brasileña Embraer, generó una disputa entre el abogado Félix Portes y el también abogado y representante de los querellantes, Miguel Surún Hernández.

Portes criticó la querella interpuesta por Primero Justicia porque supuestamente no cumple los requerimientos formales que establece el Código Procesal Penal especialmente en su artículo 268, numeral 4, que explica que la querella debe contener “El detalle de los datos o elementos de prueba y la prueba documental o la indicación del lugar donde se encuentra”.

“No coloca quienes son los testigos que presentaría para poder probar los hechos y tampoco los datos o elementos de prueba que sirva para sustentar el relato circunstanciado del hecho”, explicó.

Afirmó que dicha querella no presenta las pruebas que aseguren que el ex presidente y los demás acusados aceptaron y recibieron US$13 MM por la sobrevaluación del monto de 8 aviones Súper Tucanos vendidos por la empresa brasileña Embraer.

Sin embargo, esto fue refutado por Surun Hernández, quien aseguró que la Fundación al momento de que ha decidido accionar contra algún funcionario público es porque ya existe el suficiente fundamento jurídico para entender que ha sido cometida una infracción penal calificada de corrupción administrativa.

"Estamos hablando de correos electrónicos y de tres compañías de carpetas que fueron utilizadas para transferir esos fondos a la ciudad de Miami"

Afirmó que se está hablando de todo un glosario que conforman el caso más sólido contra la administración pública pasada. “En el caso del ex presidente Leonel Fernández evidentemente sí hay elementos suficientes, contra el señor Carlos Piccini y el entonces jefe de Estado mayor la Marina de Guerra”.

“Hay que recordar que esos elementos probatorios además fueron confirmados por tribunales internacionales…estamos hablando de correos electrónicos, de tres compañías de carpetas que fueron utilizadas para transferir esos fondos a la ciudad de Miami”, apuntó.

Dijo que estás pruebas por fortuna no están sujetas a la manipulación que se da en la República Dominicana, por lo cual los elementos probatorios están siendo evaluados y legitimados no solamente en el país si no que en exterior sustentan una acusación sólida.

Procedimiento

Asimismo, el abogado penalista Félix Portes señaló que la querella se debió haber elevado en la Fiscalía del Distrito Nacional, regido por la magistrada Yeni Berenice Reynoso ya que Leonel Fernández no es el presidente actual.

Cuestionó por qué se interpuso en la Procuraduría General de la República, debido a que ninguno de los acusados no tienen inmunidad.

“Es que Leonel Fernández no es presidente; la procuraduría no tiene jurisdicción sobre él porque es un ciudadano común y corriente, entonces cualquier hecho quien debe investigarlo es Yeni Berenice y la Procuraduría Anti corrupción debe ayudarla”, apuntó.

Estas declaraciones fueron refutadas por Surún Hernández, quien resaltó que existe una disposición de la Procuraduría General de la República que se aplica a todos los fiscales a nivel nacional asignando todos los casos de corrupción a la Procuraduría Especial de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

“Hay un detalle que mi querido doctor Portes no pensó y es que todos las querellas de ese tipo que uno pone en cualquier instancia van directamente al PEPCA”, recalcó.

Surun manifestó respetar las opiniones de sus colegas en este sentido, pero repitió que sus representados no interponen ninguna acción sin antes poseer los elementos probatorios.

Querella contra Leonel Fernández de Fundación Primero Justicia

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