SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (Edes), Andrés Astacio, depositó hoy una querella contra 14 exfuncionarios de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y las Empresas Distribuidoras de Electricidad, así como de una veintena de empresas señaladas como parte de un supuesto “entramado mafioso”.
Se trata de una querella penal por supuestas contrataciones públicas “amañadas, fraudulentas y sobrevaloradas”, vinculada a una acción civil que reclama RD$ 50,000 millones a ser resarcidos si los acusados resultan culpables, “como justa reparación por los daños y perjuicios ocasionados en perjuicio del Estado dominicano, más los intereses judiciales y accesorios que pudieren derivarse de dicha suma”, se detalla.
Entre los responsabilizados destacan Juan Alexis Medina Sánchez, el hermano del expresidente Danilo Medina preso por el caso de corrupción AntiPulpo, y el dirigente del PLD Rubén Jiménez Bichara, jefe de campaña del excandidato presidencial Gonzalo Castillo.
Asimismo, Maxy y Alexander Montilla Sierra (cuñados de Danilo Medina), Luis de León Núñez (pasado administrador de EdeEste), Rubén Montás Domínguez, Radhamés Maríñez, Julio César Correa, Messin Elías Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera.
“La presente querella tiene como objeto poner en conocimiento del Ministerio Público este entramado fraudulento destinado a cometer crímenes en contra del Estado Dominicano, en su calidad de accionista mayoritario de las empresas, así como de las propias EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, a partir de las contrataciones públicas amañadas, fraudulentas y sobrevaloradas realizadas en violación de las leyes de la República”, dijo Astacio al depositar la querella.
“Se sobrevaloraban los costos de los bienes y servicios prestados, se adquirían bienes y servicios que no se necesitaban, se contrataban personas y empresas vinculadas que muchas veces no eran los mejores proveedores, ni se encontraban capacitados para serlo, y en muchas ocasiones se erogaban fondos de manera directa en manos de personas allegadas cuando no se correspondía”, según la acusación.