SANTO DOMINGO, República Dominicana. – “Después de lo que vivimos, después de lo que aprendimos, es momento de decir que no, que no, que no”, decía el coro de la canción que dio inicio formal a la protesta cívica de organizaciones sociales de la provincia Hermanas Mirabal para reclamar que NO haya garantías económicas en los casos de violencia de género en lugar de enviar a prisión a los agresores.
“Es indignante que se le ponga precio a los golpes, las heridas y cortadas de las mujeres”.
El Centro Jurídico para la Mujer, el Fondo Solidario con las Víctimas de Violencia, el Centro de Atención a la Víctima y la Oficina para el Desarrollo de la Mujer de la provincia Hermanas Mirabal; acudieron esta mañana a la Suprema Corte de Justicia para manifestar su preocupación de forma pacífica, ya que consideran que las garantías económicas constituyen un gran riesgo para la vida de las mujeres de su provincia.
En el año 2018 se concedió garantías económicas a más del 73% de los casos de violencia de género.
“Es muy lamentable que después que hemos hecho una gran campaña para que nuestras mujeres rompan el silencio, más del 50% de las órdenes de arresto no se están ejecutando. Luego, por falta de sensibilidad de los jueces se les pone precio a los puñetazos, cortadas y abusos contra las mujeres” dijo Linabel González, directora de la Oficina para el Desarrollo de la Mujer de la provincia Hermanas Mirabal.
Un muro color lila formaron las mujeres presentes con carteles que llevaban mensajes como “Necesitamos un poder judicial contra la violencia machista”. Frente a ellas, las alumnas del Liceo Científico hicieron un revoloteo de mariposas como símbolo de su provincia por la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres.
Esta sería la quinta movilización social que llevan a cabo en un período de cinco meses (una al mes) en contra de las garantías.
Lo que piden
“Las agresiones a mujeres se pagan con cárcel, no con dinero”
La Alcandesa de Salcedo, María Mercedes Ortiz, expresó: “venimos aquí para que consideren la violencia de género como un delito grave, y una firme amenaza contra la vida de las mujeres”.
En conjunto, hacen un llamado al poder judicial para que tenga atención con sus “jueces machistas” y apliquen la ley con perspectiva de género.
“Si aplicaran la perspectiva de género, entonces aplicarían una prisión preventiva en estos casos porque entenderían la violencia de género como un crimen grave e impondrían la medida cautelar más grave, que en este caso constituye la prisión preventiva”, enfatizó González.
¿Qué son las garantías económicas?
En el Código Procesal Penal existen varias medidas de coerción para evitar que el imputado se sustraiga del proceso penal que se lleva a cabo. Es decir, para garantizar su presencia en el proceso de juicio.
Esas medidas son la garantía económica, la prohibición de salir del país sin autorización, la obligación de someterse a vigilancia, la presentación periódica al juez, los localizadores electrónicos, el arresto domiciliario y la prisión preventiva.
En ese sentido, las agrupaciones manifiestan que cuando la víctima denuncia la violencia en su contra, el Ministerio Público instrumenta y procesa el expediente, pero cuando van al tribunal al momento de conocer la medida de coerción se le impone una garantía económica. Quiere decir que el agresor paga para estar en libertad.