SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Con la exclusión ayer del acuerdo de lenidad en el juicio de fondo en contra de los seis imputados en el caso de los US$ 92 millones en sobornos distribuidos por la constructora brasileña Odebrecht, se dejó fuera del proceso una de las principales pruebas documentales con la que contaba el Ministerio Público.
Las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, decidieron no acoger el acuerdo entre el Ministro Público de Brasil, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y la Procuraduría General de Suiza, mediante el cual la empresa brasileña admite el pago de sobornos por US$ 788 millones entre el 2001 y el 2016 para obtener más de 100 proyectos en doce países, entre ellos Angola, Argentina, Brasil, Colombia,
República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.
En el caso dominicano, Odebrecht admitió haber pagado más de US$ 92 millones a funcionarios del gobierno, y a sus intermediarios que trabajaban en su nombre, entre el 2001 y el 2014.
Hasta el momento, por el caso están siendo procesados el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Roberto Rodríguez Hernández y el también exdirector de Inapa y exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa. Asimismo, Ángel Rondón Rijo, el principal acusado, quien fungió como representante de Odebrecht en sus negocios con el Estado dominicano; el expresidente del Senado, Andrés Bautista García; el exsenador de la provincia San Cristóbal, Tommy Alberto Galán Grullón y el abogado Conrado Pittaluga Arzeno.
A cambio, la empresa percibió más de US$ 163 millones en beneficios como resultado de estos pagos corruptos.
"Por ejemplo – señala el documento sobre República Dominicana -, con el fin de obtener determinados contratos de obras públicas en la República Dominicana, ODEBRECHT pagó sobornos a un intermediario
encargado de interactuar con el gobierno, bajo el entendido de que el intermediario pasaría los fondos, en parte, a funcionarios del gobierno. La mayoría de los pagos se hicieron con fondos no registrados de la División de Operaciones Estructuradas, con autorización del Empleado Odebrecht 6. Por medio de este acuerdo, ODEBRECHT pudo ejercer influencia sobre aprobaciones de presupuesto y financiación gubernamental de determinados proyectos en la República Dominicana".
Traducción del acuerdo
Acuerdo original