San Juan, Puerto Rico (EFE).- El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, convirtió en ley con su firma el Proyecto de la Cámara 1350 que crea el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico.
Rosselló señaló tras la firma del documento que "el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico recoge y unifica la política pública del Gobierno en contra de la corrupción que previamente estaba dispersa en múltiples leyes especiales según se adelantó en el Plan para Puerto Rico".
"Estamos comprometidos con prevenir la corrupción y se procesará a todo aquel que traicione la confianza depositada por el pueblo. Debemos asegurarnos de que todas las agencias involucradas colaboren en prevenir y procesar cualquier acto de corrupción", sentenció el mandatario.
Con el Código Anticorrupción se fortalecen las protecciones a las que tienen derecho los denunciantes de actos de corrupción gubernamental.
Con esta acción se busca que toda persona que conozca de actos impropios tenga la confianza de que estará protegido al hacer la denuncia.
En el área criminal, se excluyen de los beneficios de la Ley de Sentencia Suspendida -libertad condicional- los delitos constitutivos de corrupción y cualquier otro delito que afecte los fondos públicos.
Además, entre los cambios establecidos se aumenta a 3 años el término de prescripción para que cualquier persona pueda instar una acción civil por represalias.
En el ámbito civil, la medida facilita que el Estado sea resarcido por aquellos que con su conducta, además de fallar a la confianza depositada por el pueblo, afectan el erario público.
De igual forma, se dispone que el Gobierno podrá reclamar por vía civil y obtener compensación por el triple del daño causado al erario público.
Para probar la reclamación será suficiente la sentencia de convicción por la conducta ilegal.
En el área criminal, se excluyen de los beneficios de la Ley de Sentencia Suspendida -libertad condicional- los delitos constitutivos de corrupción y cualquier otro delito que afecte los fondos públicos.
Asimismo, estarán excluidos de este privilegio los delitos relacionados con el entorpecimiento a la justicia como, por ejemplo, las amenazas a testigos o funcionarios del tribunal, cuando se cometa en conexión con delitos de corrupción y otros delitos graves.
La directora de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario Vega, expresó que "la ley cumple con el objetivo de establecer un conjunto ordenado de normas que constituye el cuerpo legal que regula la política pública del Gobierno sobre cero tolerancia a la corrupción. Además, la ley logra un efecto de disuasión que adelantará grandes pasos en la lucha contra la corrupción".
Estuvieron presentes durante la firma del Código Anticorrupción el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, y el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera.
Asimismo, asistieron la presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, Nydia Cotto Vives, y el subcontralor de Puerto Rico, Nathanel Arroyo.
La jefa de fiscales de Puerto Rico, Olga Castellón, y el agente especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Douglas Leff, también acudieron la firma de la nueva norma. EFE