SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Poder Ejecutivo dejó fuera del Presupuesto Nacional de 2016 los fondos para concluir la instalación de dos radares militares en San Isidro, que formarían parte del Sistema Nacional de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo Dominicano, conjuntamente con los aviones Súper Tucano comprados a Brasil.
Por quinto año seguido al Ministerio de Defensa no le asignaron la partida de US$ 34 millones, suma que adeuda a la compañía suplidora de los radares que darán apoyo a los aviones Súper Tucano en la vigilancia del espacio aéreo, especialmente en la lucha contra el narcotráfico internacional.
La decisión del Poder Ejecutivo deja de lado una resolución del Senado de la República del 2014, que exige al Poder Ejecutivo presupuestar y entregar al Ministerio de Defensa los fondos restantes para concluir el proyecto.
Los legisladores sustentan la resolución en que el Estado ya ha realizado una inversión más de US$ 25 millones en la compra de tecnología, además del reclutamiento y entrenamiento del personal técnico requerido.
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Añaden que por la falta de recursos el proyecto se encuentra retrasado y paralizando, “lo cual afecta el principio jurídico de continuidad del Estado y coloca al país en una posición de alto riesgo y penalización por incumplimiento de contrato”, aseguran.
Los equipos corresponden a dos radares especiales que servirían de soporte a las aeronaves militares, sobre todo a los aviones Súper Tucano, comprados a la empresa brasileña Embraer, durante la administración del presidente Leonel Fernández.
La comisión de legisladores que investigó la situación del proyecto asegura en su informe que varios de los equipos importados desde el 2010, presentan deterioro por un prolongado almacenamiento en la Base Aérea de San Isidro.
El Gobierno dominicano ha pagado a la empresa suplidora la suma de US$ 27 millones 774 mil, y restan para terminar el proyecto US$ 25 millones 330 mil 217, más otros US$ 18 millones adicionales para un tercer radar.
La resolución está firmada por los senadores Adriano Sánchez Roa. Carlos Castillo Almonte, Luis René Canaán Rojas, Edis Fernández Mateo, Tommy Galán Grullón, Arístides Victoria, Sonia Mateo, Manuel Antonio Paula y Feliz Vásquez Espinal.
Los congresistas apuntan que el incumplimiento por parte del Estado provocaría que el contrato original se incremente en 25 mil dólares mensuales y la posibilidad de daños y perjuicios derivados de cláusulas contractuales, mientras se mantenga paralizado el proyecto.
Puntualmente la comisión asegura que el radar de medio alcance tipo ATAR, así como varios componentes electrónicos guardados bajo la custodia militar se encuentran en estado de deterioro por la falta de fondos para su mantenimiento.
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