SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Como forma de garantizar los derechos fundamentales de las mujeres y la familia, el ex fiscal del Distrito, José Manuel Hernández Peguero, depositó ante el Senado de la República un anteproyecto de ley que busca facilitar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia.

Entre las consideraciones del jurista para realizar el “Anteproyecto de Ley que Facilita el Acceso a la Justicia de las Mujeres y la Familia Victimas de Violencia o en Conflicto y Eficientiza la orden de protección”, se encuentran la alta taza de feminicidios, maltratos y violaciones a los derechos de las mujeres en el país.

“Las mujeres de los campos y barrios tendrán acceso rápido a la justicia a  través de  los 164 jueces de paz  diseminados en el país”, explicó Hernández Peguero al momento de entregar el anteproyecto al presidente del Senado, Reynaldo Pared Pérez en una visita al despacho del funcionario.

El anteproyecto pretende además que los 164 jueces de paz de todo el país puedan otorgar ordenes de protección  para que se aleje el agresor o la agresora, a diferencia de lo que actualmente sucede porque sólo 35 jueces de la instrucción atienden este tipo de peticiones lo que de alguna manera dificulta que las víctimas de violencia accedan a la justicia.

La propuesta estipula además una condena de cinco años de prisión al agresor

Otra novedad que tendría la ley sería la creación de un “Fondo de Asistencia a las  mujeres y familia victimas de violencia”, que estaría bajo la dependencia del Ministerio de la Mujer y las organizaciones no gubernamentales que trabajan temas de violencia. Este fondo económico estaría sustentado por las multas que se impongan a los agresores o agresoras y oscilarán entre mil y 100 mil pesos.

Hernández Peguero indica que en auxilio del Ministerio Público estarán un Trabajador (a) Social y un o una terapista familiar en cada juzgado de paz, con la finalidad de modificar los patrones negativos y violentos de la conducta de los agresores.

La propuesta estipula además una condena de cinco años de prisión al agresor, la celeridad en los procesos de violencia de género y la actualización de la ley 24-97 que sanciona la violencia intrafamiliar y contra la mujer.