VILLA GONZÁLEZ, Santiago.-El acalde del municipio de Villa González,  Fabio Banegas, se desligó de la responsabilidad del pago de los terrenos expropiados para la construcción de un paseo peatonal.

Varios ciudadanos denunciaron que no han recibido el pago correspondiente a su derecho como legítimos propietarios de los terrenos, y mientras tanto avanza la construcción de la obra pública, que la alcaldía local promueve como uno de sus logros.

El empresario avícola  Manuel  Darío Santos Guillen  calificó como “invasoras” a las autoridades locales,  por comenzar la construcción del boulevard en un terreno de su propiedad, sin haberle pagado ni un centavo.

El empresario consideró la acción de la alcaldía como un atropello y una violación a sus derechos, ya que  entiende que la declaración de utilidad pública de un inmueble no le otorga derecho  a ninguna persona física, moral, pública o privada  hacer uso y explotar el inmueble afectado sin resarcir por su justo valor el derecho del propietario.

Banegas alegó que la construcción es responsabilidad de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), que depende directamente de la Presidencia de la República

Reiteró su exigencia para que se le pague la propiedad declarada de utilidad pública.

Cuando reporteros de Acento.com.do le preguntaron al alcalde Banegas en relación a los reclamos de los dueños del terreno, el funcionario alegó que no es responsable de los trabajos, aunque las vallas que los anuncian promueven su administración.

Banegas alegó que la construcción es responsabilidad de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), que depende directamente de la Presidencia de la República.

La  lucha por el pago de los terrenos, declarados de utilidad pública mediante el decreto 355-09, la encabeza el empresario  Manuel Darío Santos Guillén, quien reclama que se le paguen más de 1, 600 metros cuadrados.

Los afectados explicaron que no se oponen a la obra que realizan las autoridades locales, sino que a que prosiga construcción sin que se les pague el dinero que establece la ley.

Presentaron documentaciones que los avalan como propietarios, sin embargo está atados de pies y manos, pues la alcaldía no se hace responsable, y desde el Gobierno Central nadie le responde.