SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Profamilia negó que tenga contrato alguno con el ministerio de Educacion como afirmaran religiosos que se oponen al proyecto de ley sobre salud sexual y salud reproductiva.
La entidad exigió a quienes afirman que tienen contratos con Educacion, que aporten las pruebas y documentaciones que avalen su denuncia.
Al mismo tiempo, la entidad aclaró que el referido proyecto no salió de Profamilia, pero que sin embargo, lo apoyan porque porque la falta de garantías de los derechos sexuales y derechos reproductivos impacta negativamente en la salud y el desarrollo humano, contribuyendo a los altos índices de violencia, VIH y SIDA, así como a la elevada ocurrencia de embarazos en adolescentes y mortalidad materna.
Lea íntegro el comunicado de Profamilia:
Profamilia no tiene contrato con el Ministerio de Educación y quien diga lo contrario debe aportar las pruebas que así lo demuestren.
Profamilia entiende que esta es una información infundada y que falta a la verdad. Exigimos a quien hace esta afirmación que le muestre a la sociedad las pruebas, los documentos; que ya está bueno de hacer acusaciones sin evidencias.
Profamilia participa junto a otras instituciones como invitadas del Ministerio de Educación en la mesa técnica de revisión curricular de cara al Programa Integral de Educación Sexual, que ese Ministerio está elaborando.
Por otro lado Profamilia afirmó que no es propietaria del proyecto de Ley sobre salud sexual y salud reproductiva que cursa en el Congreso, pero apoya –junto con otras instituciones- esta iniciativa de los legisladores, doctor Cristian Paredes Aponte; diputado del Movimiento Democrático Alternativo (Moda) por la Provincia Sánchez Ramírez y el diputado de la provincia de La Vega, Hugo Núñez, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Profamilia apoya la propuesta porque la falta de garantías de los derechos sexuales y derechos reproductivos impacta negativamente en la salud y el desarrollo humano, contribuyendo a los altos índices de violencia, VIH y SIDA, así como a la elevada ocurrencia de embarazos en adolescentes y mortalidad materna, entre otras situaciones que afectan a los sectores de la población en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Este proyecto de ley aborda la salud sexual y la salud reproductiva desde enfoques de derechos humanos y de género, estableciendo disposiciones para su garantía y pleno ejercicio, a través de políticas públicas dirigidas a la prevención y atención, así como al establecimiento de sanciones ante su violación.