A propósito del Día Nacional de la Juventud este 31 de enero, Profamilia recordó que la República Dominicana ocupa el primer lugar en la región del Caribe con la mayor cantidad de uniones tempranas y matrimonios infantiles, según el documento “El matrimonio infantil y las uniones tempranas”, (UNICEF/PROSOLI, 2019).

Ante esta realidad presente y callada, Profamilia se une a las organizaciones nacionales que abogan por la revisión del Código Civil, para que se aumente la edad mínima para contraer matrimonio o para la unión, especialmente en el caso de las niñas y adolescentes.

Nuestro Código Civil contempla en el artículo 144 que la edad mínima para casarse los hombres es de 18 años, mientras que para las mujeres fija la edad mínima en 15 años, pudiendo ser menos si se cuenta con el permiso del juez o de los padres, y en cuanto se casan o se unen, se consideran emancipadas, es decir, independientes de la tutela familiar. Junto a otras organizaciones, exigimos que se eleve a 18 la edad mínima de las mujeres para el matrimonio o la unión.

La Resolución de la Asamblea General de la ONU 71/175 de 2016, señala que “el matrimonio infantil, precoz y forzado es una práctica nociva que vulnera … los derechos humanos”, la misma Resolución impulsa a los Estados a que promulguen leyes relativas a una edad mínima para contraer matrimonio y den a conocer y hagan cumplir esas leyes.

Indica que, aunque se tiene la idea de que la niña o adolescente que se une o se casa lo hace porque quiere, en una investigación que realizó Jeannette Tineo para Plan Internacional en el 2017 señala que “El matrimonio infantil forzado es resultado de la violencia intrafamiliar, la expectativa de emancipación o la oportunidad de negociación que establecen las familias como una oportunidad de salida de la pobreza”.

El Plan Estratégico de Profamilia 2016-2022, contempla que se fortalezcan las acciones de información, educación y comunicación en educación integral en sexualidad (EIS) con jóvenes, dirigidas a lograr que se empoderen de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Durante el pasado año, fueron impactados con estas acciones 41,398 adolescentes y jóvenes en el Gran Santo Domingo; San Cristóbal, San Francisco de Macorís, Santiago y comunidades bateyanas.

También reclama implementar políticas para garantizar el desarrollo integral de las adolescentes, para que una unión temprana no sea la opción ante la falta de oportunidades.