Santo Domingo (EFE).- La Procuraduría General de la República (PGR) informó de que ha detectado un plan para desacreditar al Ministerio Público en el caso que involucra al extitular de la Fiscalía de Samaná, Robert Justo Bobadilla, imputado por acoso sexual a varias empleadas y usuarias de esa dependencia.

El exfiscal Bobadilla fue arrestado el pasado martes después de ser declarado en rebeldía tras huir de la justicia el pasado año, una vez confirmada su destitución por el Consejo Superior Ministerio Público.

Al ofrecer la información a través de una nota de prensa, la PGR dijo que la trama identificada mediante labores de inteligencia consistiría en divulgar unos audios falsos.

En las grabaciones, alguien "haciéndose pasar por el procurador adjunto, Bolívar Sánchez, solicita dinero a la esposa de Justo Bobadilla, a cambio de desistir de la acción pública que ha sido puesta en marcha en contra del inculpado, intentando, de este modo, evadir la condena judicial que le corresponde."

La institución explicó que la persona que se hace pasar por el magistrado Sánchez relata "una extraordinaria fábula descrita en forma minuciosa, en la cual plantea los términos de una simulada negociación para los señalados fines."

Según el Ministerio Público, este plan "busca invalidar judicialmente las diligencias que con el sustento legal de rigor, el inspector general del Ministerio Público desarrolló durante varios meses para esclarecer las acciones indebidas cometidas por el exfiscal de Samaná".

Estas acciones fueron la base sobre la cual se logró la destitución de Bobadilla después de un juicio disciplinario, el cual se demoró más de un año debido a los incidentes y a las trabas que interpuso el destituido funcionario.

El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, dispuso una profunda investigación que ya permitió constatar la falsedad de los audios, indagatoria que, además, se ha ampliado para establecer fehacientemente el origen de los mismos y someter a la justicia a todo aquel que se compruebe que tiene responsabilidad penal en esas prácticas ilícitas. EFE