SANTO DOMINGO, República Dominicana.-  Según la investigación que durante un año justo realizó la Procuraduría General de la República (PGR), el imputado Ángel Rondón Rijo, es el principal eslabón de una cadena estructurada por la empresa Odebrecht para repartir sobornos a funcionarios y políticos dominicanos, a cambio de obtener contratos multimillonarios con el Estado dominicano.

Los datos recabados en la investigación indican que el imputado Ángel Rondón Rijo, por mucho tiempo logró ser “el hombre de extraordinarias relaciones e influencias sobre los altos funcionarios de los gobiernos en turno y los legisladores de los principales partidos”.

El informe jurídico, que además cuenta con los testimonios prestados de Brasil por el expresidente de la Constructora Norberto Odebrecht, Marcelo Odebrecht; y el ejecutivo de citada empresa,  Enersto Sá Viera Bairidi, apuntan que Rondón Rijo lograba los contratos a través de servicios de “consultorías”, que al final solo era un escudo para sustentar las transacciones y los fondos utilizados para sobornar.

En las declaraciones de los principales directos de la Constructora se precisa que los pagos realizados por el imputado a funcionarios del Estado y líderes políticos, se ejecutaban a través de las empresas Conamsa internacional y Lashan Corp, ambas propiedad del encartado, por lo que este se encargaba de distribuir los pagos por sobornos libremente de cualquier sospecha.

En las indagaciones se pudo comprobar que la Constructora Norberto Odebrecht reportó y autorizó 21 pagos a nombre de Ángel Rondón, lo cual significaban el equivalente del 2% del valor de cada obra.

Asimismo, que  durante el periodo 2012 – 2014, Ángel Rondón Rijo entregó dinero por concepto de soborno a los también imputados, Víctor José Díaz Rúa, Porfirio Andrés Bautista Garcia, Jesús Antonio Vásquez Martínez (Chú), Tommy Alberto Galán Grullón y Juan Roberto Rodríguez Hernández, para la adquisición diversos contratos de infraestructura.

De acuerdo con la “Presentación de Acusación Formal, Solicitud de Audiencia Preliminar y Requerimiento de Apertura a Juicio” solicitado por la PGR, todos los imputados presentaron incremento patrimonial ilícito, además de colocar, ocultar e integrar esos recursos a la economía formal.