SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, advirtió que en caso de progrese la recusación contra el juez Francisco Ortega Polanco, de parte de los imputados en el caso de corrupción de Odebrecht, bajo el argumento de que el citado magistrado ya ha tenido que decidir sobre el expediente, por el mismo motivo no podría hacerlo la mayoría de los miembros de la Suprema Corte de Justicia.
Consideró que las exigencias de los aboados de la defensa de los imputados son tácticas dilatorias que responden al interés de que sea designado un juez que favorezca a sus representados y a la impunidad.
Guerrero Pelletier dijo que en caso de que la Suprema Corte de Justicia acoja la recusación bajo el alegato jurídico de que el juez Ortega Polanco tiene conocimiento previo del expediente, ese mismo argumento pesaría sobre todos los jueces de la Segunda Sala Penal, integrada por los Juan Hirohito Reyes, Alejandro Moscoso Segarra, Miriam Germán, Esther Agelán Casasnovas y Frank Soto.
Explicó que esos magistrados no podrían ser encargados para el conocimiento de la audiencia preliminar ni la apertura a juicio, en virtud de que al igual que el juez Ortega Polanco, éstos ya conocieron aspectos del caso de corrupción Odebrecht, a través de la apelación de las medidas de coerción contra los imputados.
La magistrada Guerrero Pelletier dio una voz de alerta a la ciudadanía para que esté atenta a la actuación de los imputados y sus abogados en este emblemático caso, el que definió como el más importante que se haya conocido en el país en materia de corrupción, por la trascendencia económica, política y social de los encartados, y llamó a estar pendiente de las decisiones del Poder Judicial en este caso para que cada cual cumpla con su rol.
Recordó que tal cual ha indicado el procurador general de la República, Jean Rodríguez, “el Ministerio Público no tiene un juez favorito, el único juez favorito es la justicia”.
Al responder preguntas de los periodistas que cubren la fuente de la Procuraduría General de la República, la titular de la PEPCA recordó que el Ministerio Público cuenta con 1,711 pruebas que acompañan el expediente acusatorio de este caso, con las cuales dijo que demostrarán los delitos de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos.
El pasado 7 de junio, el Ministerio Público depositó formal acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de los señores Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, Juan Roberto Rodríguez Hernández y Jesús Antonio Vásquez Martínez.
El voluminoso expediente, señala la institución, relata en 518 páginas de miles que contiene la acusación, los hechos ilícitos que habrían cometido los siete encartados.