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Procurador y Fiscal, encargados de anular títulos falsos de Bahía de las Aguilas


SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El gobierno reclamó al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, y a la Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, para que “asuman la responsabilidad de defender el interés del Estado en este caso” en el caso de Bahía de las Aguilas y los terrenos estatales sean recuperados como corresponde.

En un comunicado oficial, emitido por la dirección de Prensa del Palacio nacional, también se solicita a los organismos judiciales para que “realicen todos los esfuerzos para la agilización y terminación de los  procesos  y conclusión de los mismos”. Dice el comunicado que “nadie acepta que tras 16 años de iniciado este litigio no se han producido sentencias definitivas que lo resuelvan”.

Este comunicado representa un giro rotundo del gobierno respecto a la solución que se quería aplicar para resolver las diferencias judiciales en torno a la emisión de títulos de propiedad falsificados, para robarle al Estado la propiedad de los terrenos.

El comunicado del gobierno también exculpa a los ministros de Turismo y de Medio Ambiente, así como al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, por haber propuesto una salida que fue acogida inicialmente por el presidente Danilo Medina.

Sin embargo, el gobierno reconoce que la sociedad se levantó contra las ideas del pacto transaccional que había discutido los funcionarios con los pretendidos dueños de los terrenos. Vale decir, que la sociedad fue escuchada por el presidente de la República.

“Sin embargo –dice el documento oficial-, la propuesta de solución levantó críticas en cuanto a  su legitimidad de parte de amplios sectores de la opinión pública.  Hemos escuchado a personas e instituciones de la sociedad, quienes critican que se realice un acuerdo con personas sobre las cuales pesa la acusación de haber obtenido de  forma fraudulenta los títulos que están alegando en justicia”.

El plan de intentar justificar el acuerdo con los supuestos dueños no llegó a nada, pese a que los funcionarios dijeron que era la única forma de solucionar un conflicto judicial de 16 años y de hacerle frente a la pobreza de la zona de Pedernales.

Vea a continuación el comunicado del gobierno:

Declaración pública del Gobierno Dominicano sobre Bahía de las Águilas

Procurando  el mejor esquema posible que permitiera rescatar de la pobreza a   los hombres y mujeres de nuestro Suroeste, el  gobierno dominicano diseñó un plan que permitiera destrabar la larga litis judicial en que se encuentran  los terrenos del litoral de la provincia Pedernales. A tal efecto,  examinó diversos mecanismos de solución, de los cuales se escogió el más expedito y definitivo que es  el acuerdo transaccional que han dado cuenta los medios de comunicación del país.

El indicado acuerdo mostraba la ventaja de obtener una solución rápida y definitiva, que permitiera convertir ese patrimonio en un bien aprovechable, mediante mecanismos jurídicos y financieros de  gran transparencia, para promover los planes de desarrollo de dicha región  que el gobierno había previamente estudiado y acordado.

Sin embargo, la propuesta de solución levantó críticas en cuanto a  su legitimidad de parte de amplios sectores de la opinión pública.  Hemos escuchado a personas e instituciones de la sociedad, quienes critican que se realice un acuerdo con personas sobre las cuales pesa la acusación de haber obtenido de  forma fraudulenta los títulos que están alegando en justicia.

En consecuencia,   y por recomendación de la comisión de funcionarios encargados de viabilizar el referido plan, se ha desestimado el acuerdo anunciado, el cual no se había formalizado a la fecha.   Aguardaremos, entonces, un fallo definitivo de los órganos judiciales correspondientes  a cuyo cargo están las  litis que afectan a los terrenos aludidos.

El Poder Ejecutivo confía en  que las jurisdicciones apoderadas de la litis realicen todos los esfuerzos para la agilización y terminación de los  procesos  y conclusión de los mismos. Así mismo, reclama del Procurador General de la República  y de la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional  que asuman la responsabilidad de defender el interés del Estado en este caso. Nadie acepta que tras 16 años de iniciado este litigio no se han producido sentencias definitivas que lo resuelvan.

El Gobierno reconoce el esfuerzo, dedicación y compromiso de los funcionarios que fueron comisionados para procurar la solución que habíamos adelantado, quienes actuaron por mandato expreso del Presidente de la República.

Reiteramos ante el País, que el Estado es el propietario legítimo de los terrenos en cuestión, por lo que seguiremos explorando alternativas que nos permitan implementar el proyecto de desarrollo económico y social de toda esa zona, para sacar de la miseria y el abandono a cientos de miles de ciudadanos de la Zona Enriquillo.

Nuestra preocupación seguirá siendo lograr sacar de la miseria a los habitantes de las provincias del Suroeste, para lo cual es indispensable que pueda darse el uso  adecuado a los recursos naturales que  hacen de Pedernales un polo turístico de magnificas potencialidades.

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN

BAHÍA DE LAS ÁGUILAS

 

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