SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña favoreció este jueves instituir una ley para que los bienes incautados, ya sea por lavado de activos o por narcotráfico, sean decomisados sin tener una condena penal definitiva.

"Estamos trabajando tanto la procuraduría, el Consejo Nacional de Drogas y otras instituciones que tenemos que ver con la percecusión criminal en la elaboración de una ley de la extinción", explicó Jiménez Peña.

En la actualidad, para las autoridades hacerse cargo de los bienes incautados por narcotráfico, falsificación, lavado de activos u otro delito penal, deben de esperar varios años para que haya una sentencia definitiva, en la legislación que propone el funcionario judicial los decomisos sería casi de manera inmediata.

"Estamos trabajando tanto la procuraduría, el Consejo Nacional de Drogas y otras instituciones que tenemos que ver con la percecusión criminal en la elaboración de una ley de la extinción".

"Es una figura que esta establecida constitucionalmente, ya al hemos trabajado con consultores de países como Estados Unidos, México, Colombia, que tienen la experiencia, y yo creo que esa legislación va a ser muy importante en el país", sostuvo.

Jiménez Peña dijo que de aplicarse esta ley, se le daría "a donde más le duele" al narcotráfico y al crimen organizado.

Un ejemplo de la aplicación de ésta ley sería que las autoridades sean las propietarias forzosas de bienes inmuebles como la Torre Atiemar, los apartamentos, fincas y terrenos incautados al capo boricua José David Figueroa Agosto, entre otras propiedades.

"Ya el proyecto de ley lo estamos trabajando aquí en la Procuraduría, y cuando ya la consensuemos con las demás autoridades, el objetivo es llevarla a la cámara legislativa para su aprobación", manifestó.

Juez en su libro

El juez de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Manuel Ulises Bonnelly Vega, en su libro "La Extinción de Dominio o Confiscación Civil de Bienes Ilícitos" también platea la posibilidad de una reforma legal que permita que en el país se puedan confiscar de manera definitiva los bienes que se consideran ilícitos, sin que para ello se requiera de una condena penal definitiva.

Bonnelly Vega es egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y se inició en la judicatura dominicana en el año 1998 como juez de Instrucción de Santiago. Su primera obra la publicó junto a otros compañeros en el 1996 bajo el titulo "Código de Procedimiento Criminal Dominicano" (anotado) y ha publicado otras destacadas obras en derecho penal y procesal que han sido muy bien ponderadas por la clase jurídica nacional.

El magistrado puso en circulación este libro en momentos en que el Estado tiene en su poder propiedades decomisadas por procesos judiciales, las cuales se han ido deteriorando en espera de la solución penal de los procesos.

El libro constituye el texto que presentó como tesis doctoral en el área de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires.