SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La decisión de que la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) pasen a funcionar bajo la modalidad de alianza público-privada forma parte de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial aprobada en el 2017.
En su artículo 356, esta ley establece una reforma de la OMSA y Opret que maneja el Metro de Santo Domingo en la que explica que, a partir de seis meses de la entrada en vigencia de la ley (tiempo caducado), la OMSA y Opret “pasan a ser reformadas en empresas públicas o mixtas públicas-privadas prestadoras de servicios nacionales de transporte de autobuses y ferroviario, respectivamente”. Para ello, la ley establece que el Poder Ejecutivo debe emitir decretos para la transformación institucional, administrativa, técnica y operativa de ambas instituciones.
Este sábado, el director general de Alianza Público Privada, Sigmund Freund, reveló que OMSA y Opret podrían ser las primeras en el país en operar bajo la modalidad mixta pública-privada. “La legislación ordena, incluso, que OMSA y Opret se conviertan en empresas públicas de transporte o que sean con capital mixto privado-público”, declaró Sigmund Freund en el programa La Gente Habla, que conduce Dary Terrero.
La noticia generó en las redes sociales reacciones diversas, interrogantes sobre qué tan factible será la privatización de estos servicios y los efectos en quienes lo usen.
Durante la entrevista, el funcionario dijo que lo que se busca es integrar a empresarios del transporte, que tienen inversiones multimillonarias en el transporte urbano como interurbano, a la red pública del país, tanto de la OMSA como Opret “y así crear una gran empresa de capital mixto”, sostuvo.