SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La resolución del Ministerio de Interior y Policía (MIP) para regular las armas de fuego, junto a la mala aplicación del decreto 309-06, llevará a la quiebra las empresas que importan y venden armas de fuego legales.
Ello, porque "las estrechones impuestas ha generado un tráfico ilegal de armas y municiones que luego son comercializadas clandestinamente en el país", denunció este domingo la Asociación Dominicana de Importadores y Vendedores de Armas de Fuego (ADIVAF).
La ADIVAF, que agrupa a 48 compañías importadoras y comercializadoras de armas y municiones, remarcó que la resolución número MIP-RR-0003-2021, de Interior y Policía, "afecta a usuarios honestos de armas de fuego, a empresas de seguridad y aficionados que usan armas para cacería, tiro al plata y deportivo".
Producto de estas restricciones las compañías de seguridad privadas mantienen un inventario de armas obsoleto y en muchas caso carecen de armas suficientes, debido a la prohibición de importaciones de escopetas, revolver, pistolas y todo tipo de municiones desde hace 16 años.
Esta traba ha generado ingreso ilícito de cientos de armas de fuego y municiones, en perjuicio de más de 45 empresas Importadores y Vendedores de Armas de Fuego agrupadas en ADIVAF que tributan al fisco.
ADIVAF resalta que está de acuerdo con la postura del Ministerio de Interior y Policía para la regulación de armas de fuego, porque influirá directamente con el tema de seguridad nacional, aunque no así con algunas medidas contenidas en dicha resolución.
Señala que como representantes del sector están en la mejor disposición de colaborar con el Ministerio de Interior en la redacción de resoluciones de control de armas de fuego que ayuden a regularizar la tenencia y porte de los ciudadanos respetuosos a las leyes y la Ley No. 631-16, del 2 de agosto de 2016, sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
“Estamos dispuestos a colaborar para que se apliquen medidas que contribuyan a recuperar las armas ilegales, que actualmente están en manos de delincuentes, resultado del tráfico ilegal detonado hace más de 16 años tras la prohibición de importación legal de armas de fuego”, precisa.
ADIVAF subraya que la mayoría de los delitos que se cometen en el país son con armas de fuego que llegaron al país de manera ilegal, y observó que el Gobierno no debe castigar a las empresas privadas que comercializan ese tipo de dispositivo herramientas ni a los usuarios que pagan impuestos.
El 24 de julio del 2006, el presidente Leonel Fernández, mediante el Decreto 309-06, prohibió la importación de armas de fuego, partes y sus respectivas municiones para el comercio particulares. Las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otras instituciones afines a la seguridad nacional están exentas.
No obstante, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Dirección General de Aduanas, DNCD, entre otras agencias oficiales, han ocupado cargamentos de armas de fuego y municiones que red de contrabandistas han trato de ingresar al país aeropuertos, puertos y la frontera del país en violación al Decreto 309-96.