Santo Domingo, República Dominicana (EFE).- La Procuraduría General de la República aún no ha recibido la notificación del dispositivo de la sentencia que dispone las cárceles a las que irán los imputados por el caso Odebrecht, documento sin el cual no se les puede trasladar a los centros donde cumplirán sus respectiva medidas de coerción.
Según confirmaron a Efe fuentes de la institución, ese es el motivo por el cual los encausados todavía no han ingresado en prisión, tal y como dispuso el miércoles el juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, que es quien debe emitir la notificación.
El magistrado declaró complejo el caso e impuso seis meses de prisión preventiva para el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, uno de los fundadores del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Igual pena dispuso para el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición) y extitular del Senado, Andrés Bautista García, y un año para el empresario Ángel Rondón, acusado de ser el distribuidor de los sobornos.
Para el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, alto dirigente del PLD, el juez impuso 9 meses de prisión, mientras que el exdiputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Ruddy González deberá cumplir 6 meses de cárcel preventiva.
Ortega dictó 9 meses de cárcel para el abogado Conrado Pittaluga, y 3 meses para el exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) César Sánchez, así como para el exfuncionario de esa dependencia Máximo De Óleo.
En tanto, ordenó arresto domiciliario para el extitular de la Cdeee Radhamés Segura, miembro del influyente comité político del PLD, y para el exsenador y exdirector de Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) Roberto Rodríguez.
Para los senadores del PLD Julio César Valentín y Tommy Galán, y para el diputado del PRM Alfredo Pacheco, que tienen inmunidad parlamentaria y cuyas respectivas cámaras ya han iniciado el trámite para decidir si les retira la inmunidad, el juez Ortega dispuso el pago de 5 millones de pesos (105.700 dólares) e impedimento de salida del país.
Otro de los imputados es Bernardo Castellanos, que está fuera del país y ha informado de que regresará para afrontar las acusaciones, aunque esta circunstancia aún no se ha producido.
La constructora brasileña admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos en el país entre 2001 y 2014, período que abarca los Gobiernos de Hipólito Mejía (2000-2004) del Partido Revolucionario Moderno (PRM), así como los de Leonel Fernández (2004-2008 y 2008-2012) y del actual mandatario, Danilo Medina, ambos del PLD.
Las detenciones se practicaron poco después de que República Dominicana recibiera de Brasil los datos sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país, gracias a un acuerdo entre el Ministerio Público y la multinacional, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos para hacerse con contratos de obras públicas entre 2001 y 2014. EFE