SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), magistrado Luis Henry Molina Peña, presentó los compromisos para asegurar el cumplimiento de los Principios del Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial, “para ofrecer garantías instrumentales a la tutela judicial efectiva y cuidar la conducta del juez y de los servidores judiciales”.
Molina Peña se abstendrá, en cumplimiento a ello, “de mantener reuniones o conversaciones privadas con una de las partes envueltas en un proceso vigente ventilado ante la Suprema Corte de Justicia o cualquier otro tribunal del Poder Judicial, o con sus representantes legales, sin la presencia de la otra parte, sea en su despacho o fuera del mismo, cuando el interés sea tratar los méritos de asuntos planteados judicialmente ante la Suprema Corte de Justicia o los tribunales de la República”, se precisa.
El presidente de la SCJ se compromete, igualmente, “a suspender inmediatamente cualquier acercamiento extraoficial con las partes involucradas en un proceso o asunto del cual se encuentre apoderado, cuando dicho acercamiento surja accidentalmente en circunstancias no previstas y pueda comprometer la imagen de imparcialidad del Poder Judicial”.
“Por último, y con previa verificación de que existe una causa justa, el despacho del magistrado presidente ejecutará un protocolo cuando algunas de las partes involucradas en un proceso solicite una cita o reunión” con él, para así “valorar la pertinencia de la solicitud y guardar las evidencias de la reunión, en caso de celebrarse”.
La medida adoptada fue dada a conocer a sus pares el jueves pasado, tanto en el seno del Consejo del Poder Judicial como en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, según se revela en la nota de prensa del despacho del magistrado Molina Peña que informó del asunto.
Los principios del Código de Comportamiento Ético que involucran esas disposiciones son el 12, 14, 15 y 16 sobre trato igualitario, independencia, imparcialidad, "en busca de cuidar y mantener una buena conducta”.
El Código fue aprobado por el pleno de la Suprema Corte en 2009, mediante la Resolución Núm. 2006-2009, estableciendo principios conductuales de carácter vinculante para jueces y servidores judiciales.