SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Una acción legal interpuesta por médicos y propietarios de clínicas busca impedir que el Estado abra, en mayo de 2012, decenas de unidades de atención primaria en las que se prevén los principales pacientes serán personas de escasos recursos.
La medida cautelar fue depositada ayer ante el Tribunal Superior Contencioso y Administrativo, que funciona en Gazcue. Las unidades de atención primaria, si llegan a funcionar, estarán en cada sector y serían los centros desde donde se darían consultas generales y que, en caso de necesidad, referirían a los pacientes a especialistas.
Con la acción legal, la Asociación de Clínicas Privadas en la persona de Rafael Mena y, a título particular, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senén Caba, abogan para que se deje sin efecto la resolución 279-03 del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS).
En una rueda de prensa de agosto, Mena como vocero de Andeclip admitió ante la insistencia periodística que su oposición a la resolución se debe a que 122 clínicas verían reducir sus ingresos en un 40 por ciento si se ponen en marcha las unidades de atención primaria (UAP).
De su declaración se desprende que el abaratamiento de los costos para la mayoría de los pacientes no le conviene al sistema privado.
“Entiendo que es una nueva embestida que está habiendo contra los prestadores nacionales que siempre ha habido. Esos prestadores que han hecho esas inversiones van a sufrir bastante. Y por eso entiendo que vamos a sufrir todos”, dijo Mena en agosto.
Agregó que unos 8 mil médicos que trabajan en esos centros serán afectados por esta nueva disposición.