SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Poder Ejecutivo dispuso la cancelación y retiro forzoso de un general y cinco coroneles de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD) por su puestos vínculos con redes del narcotráfico y el trasiego de armas.
Otros 22 oficiales fueron incluidos en una lista de recomendación de cancelación, por vínculos con el narcotráfico.
La orden no establece si los oficiales involucrados en el supuesto tráfico de drogas y armas serán enviados a la justicia civil, para que respondan por las acusaciones imputadas y tener la oportunidad de comprobar su inocencia.
El general es Bienvenido Cordero Batista, investigado junto a otros oficiales por una agencia de seguridad de Estados Unidos, por un supuesto tráfico internacional de armadas.
Los oficiales cancelados son el coronel Andrés Francisco Reyes Ortiz y los tenientes coroneles Cesar David Ruiz García, Julia Inés Paulino Santos, Mario Antonio Jiménez Jiménez y Moisés Emmanuel Rojas Pérez, este último hijo del ex secretario de las Fuerzas Armadas, Juan Bautista Rojas Tabar.
Los coroneles fueron investigados por una junta de generales que recomendó su cancelación, luego de confirmar su presunta participación en el tráfico de cargamentos de drogas y recibir dinero proveniente del narcotráfico, según el documento oficial.
Las cancelaciones y retiro forzosos están contenidos en la orden general No.52-15 del pasado miércoles 28, de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD).
El coronel Francisco Ortiz Reyes fue separado de las filas militares al ser apresado junto a su hijo el ex raso Andrés Reyes Vargas y otras personas recibiendo un cargamento de 338 kilos de cocaína en la provincia de Barahona, en un operativo dirigido por la DEA (de EEUU) y la DNCD.
Asimismo, el teniente coronel Cesar David Ruiz García, adscripto a la DNCD, fue cancelado acusado de valerse de su carga y autoridad para coordinar y recibir junto a otros oficiales subalternos y alistados grandes alijos de drogas a través del aeropuerto de Punta Cana, a cambio del pago de 10 mil dólares.
El Ejecutivo también dispuso de la cancelación del teniente coronel Manuel Cuevas Gonzales, comandante del Grupo de Tarea Bravo, de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial (DEPROCER-GRUPO BRAVO), acusado de coordinar la llegada de cargamentos de droga por la vía marítima procedentes de Sudamérica.
Además, dice la orden de cancelación que el coronel Gónzales sobornaba a otros oficiales y alistados para que no cumplieran con su deber, mientras él mantenía contacto con organizaciones criminales de narcotraficantes.
Las cancelaciones abarcaron a la teniente coronel abogada Julia Inés Paulino Santos, jefe de investigaciones del CICC-DNCD, acusada de supuestamente recibir la suma de 200 mil pesos y 8 mil dólares, para no incluir de un expediente a dos oficiales vinculado a un alijo de 43 paquetes de cocaína, en fecha 17 del mes en curso.
También la responsabilizan de, junto a otros militares, dar facilidades a una supuesta red que enviaba al exterior por diferentes aeropuertos a personas (mulas) cargadas de cocaína.
El teniente coronel Mario Antonio Jiménez y Jiménez, adscrito a la Dirección Nacional de Drogas (DNCD), también fue expulsado por supuestamente coordinar la llegada y salida de grandes cargamentos de cocaína a través de varios puertos y aeropuertos del país.
Además, fue causado por la DNCD de sobornar a otros militares para que le permitieran mantener vínculos con reconocidos narcotraficantes dominicanos, según refiere la orden general de la FARD.
Otro de los tenientes coroneles cancelados por alegados vínculos con el narcotráfico, es Moisés Emmanuel Rojas Pérez, hijo del ex secretario de las Fuerzas Armadas Juan Bautista Rojas Tabar, acusado de facilitar la salida de 22 kilos de cocaína hacia Francia por el aeropuerto las Américas, donde prestaba servicios interinos para la Dirección Nacional de Control de Drogas.
Una fuente de la Dirección de Inteligencia J-2 del Ministerio de Defensa dijo a periodistas de Acento.com.do que otros 22 oficiales que prestaban servicios en la Dirección Nacional de Control de Drogas, fueron investigados y se les recomendó la cancelación o retiro forzoso.