MIAMI, Florida.-Los chóferes pertenecientes a un sindicato de autobuses del turístico poblado de Boca Chica en la República Dominicana y que recientemente “amenazaron con quemar un autobús que transportaba en la nación caribeña a 50 menores de edad hacía la Feria Internacional de Libro”, habrían quedado “sin posibilidad alguna de viajar en un futuro a territorio de los Estados Unidos u otra nación involucrada en la lucha para combatir el terrorismo en todas sus manifestaciones.”
“El solo hecho de ser procesados por esta acción ante las autoridades dominicanas, ya constituye un impedimento para recibir un visado a cualquier país que contemple en sus Leyes el combate al terrorismo.”
La ley Antiterrorista de los Estados Unidos, firmada por el presidente Clinton el 24 de abril de 1996 (ley pública 104-132) en su Sección 411, que modifica la Ley de Inmigración y Nacionalización, establece entre otros aspectos“la exclusión –denegación de visa– de los extranjeros que sean miembros, así como representantes, de organizaciones terroristas designadas como tales por el secretario de Inmigración y Naturalización.”
“Esta disposición está dirigida a las personas que inducen a la comisión de actividades terroristas sin ser funcionarios de un grupo terrorista o participar personalmente en actos de violencia”, según establecen las leyes de los Estados Unidos en este sentido.
Pero además, éstos estarían privados de poder viajar a países como España, ya que en su legislación contra el terrorismo se establece que en el Artículo 571 del vigente Código Penal de 1995, define a los terroristas como :"los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas, organizaciones o grupos cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, cometan ataques contra edificios o infraestructura de transporte o comunicaciones mediante el uso de artefactos explosivos o mediante incendio que conlleve riesgo de lesiones o muerte."
Conforme los diarios en República Dominicana, “el Ministerio Público habría solicitado prisión preventiva contra los 12 chóferes y sus ayudantes involucrados en el caso” por lo cual están siendo procesados de acuerdo a las leyes del país.
El procurador general de la República Dominicana, Francisco Domínguez Brito, al enterarse de lo sucedió, expresó a través de su cuenta en la red social de Twitter que “simplemente no es posible que ningún sector emprenda acciones que podrían rayar en terrorismo, mucho menos si esto afecta niños inocentes.”
Según la profesora Omni Pérez, del centro educativo Evangélico Episcopal, donde estudian los menores “la acción fue en protesta por no haberlos contratado para los servicios de transporte.” El incidente ha sido ampliamente rechazado por toda la sociedad dominicana, incluido el propio Ministro de Educación del país y otras altas instancias, por lo que se espera una “acción punitiva sin precedentes por parte del Ministerio Público.”
Ley Antiterrorista de la República Dominicana
La Ley 267-08 sobre Terrorismo crea “la Dirección y el Comité Nacional Antiterrorista”, instancias muy pocos conocidas por la inmensa mayoría de dominicanos y que ha sido muy mencionada a raíz del incidente que se produjo en el Metro de Santo Domingo, cuando un individuo incendió un vagón, causando numerosos daños materiales y a personas físicas.
En su Artículo 30 establece claramente lo siguiente: “La tentativa de los crímenes de terrorismo se castigará como el crimen mismo y serán considerados autores de los mismos los que consumaran materialmente la acción; los que la idearan, planearan o concibieran.”
Define además lo que significa Red de transporte público: “Toda instalación, vehículo e instrumentos de propiedad pública o privada que se utilice en el servicio público o para servicios públicos a los efectos del transporte de personas o mercancías.”