SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La organización de la sociedad civil, Poder Ciudadano, demandó este lunes 26 al procurdador general de la República, Francisco Domínguez Brito recurrir en casación la sentencia del caso Félix Bautista y compartes, que archiva el caso que se seguía al legislador por corrupción.
En ese sentido, Manuel Robles, presidente de la organización, indicó que constituye un deber de la Procuraduría recurrir la decisión adoptada por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia el pasado miércoles 21.
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Robles, en conversación con Acento.com.do, indicó, tal como lo expresa la una comunicación depositada hoy en la secretaría de la Procuraduría General, que existen evidencias suficientes para continuar con la acción y llevarla hasta sus últimas consecuencias.
Sostuvo que es necesario tomar en consideración de los votos disidentes de las magistradas Miriam Germán Brito y Esther Agelán Casasnovas, quienes entendieron la necesidad de que el caso fuera a juicio de fondo.
Asimismo, reiteró que el Domínguez Brito se encuentra en la obligación de recurrir la decisión del tribunal, en cumplimiento de sus funciones, especialmente en casos como las perseguidas en el expediente, y de lo contrario, afirmó no estaría cumpliendo a cabalidad con su papel de defender los intereses del pueblo.
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“Como funcionario – Domínguez Brito – tiene el deber estatutario conforme las reglas que le son impuestas a sus funciones por la Constitución, la Ley Orgánica que rige su ministerio a interponer el recurso de casación correspondiente por ser esta la vía institucional adecuada para reprochar el atentado a la justicia que se hace con esta sentencia”, destacó el documento depositado por Poder Ciudadano.
“Es importante que la sociedad tenga la oportunidad de que el pleno de la máxima instancia judicial del país conozca un caso de esta relevancia, por eso llevamos esta carta hoy”, dijo.
Cadena humana
En lo concerniente a las protestas contra la corrupción y en reclamo del cierre de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Robles advirtió que continuarán este miércoles 28, esta vez, frente a la referida institución.
Reiteró que existe una sentencia evacuada por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), que confirma el derecho ciudadano de protestar de manera pacífica libremente, específicamente frente a la OISOE, y que no fue acatada por la Policía Nacional.
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A raíz de esto, el presidente de Poder Ciudadano confirmó que los abogados de la organización se encuentran preparando el sometimiento ante la Suprema Corte de Justicia en contra del ministro de Interior y Policía, José Ramón (Monchy) Fadul y el jefe de la Policía, general Nelson Ramón Peguero Paredes, por desacato.
Desde hace tres semanas, diversas personalidades y organizaciones realizan la Cadena Humana contra la Corrupción, de forma pacífica, siendo evitado el paso hasta la OISOE por agentes de la Policía.
A continuación, el documento íntegro depositado por Poder Ciudadano en la Procuraduría General de la República:
Poder Ciudadano demanda que el Procurador General de la República recurra en casación la sentencia del caso Félix Bautista y compartes.
La coalición Poder Ciudadano expresa su rechazo a la decisión emitida por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Apelación mediante la cual confirmó el auto de no ha lugar emitido a favor del senador de San Juan de la Maguana, Félix Bautista, imputado por varios cargos de corrupción y lavado de activos.
Con esta sentencia la Justicia dominicana nos traiciona a todos y evidencia que la misma se encuentra al servicio del poder político. Con este hecho se le otorga patente de corso a cualquier funcionario para que deprede al Estado Dominicano en su beneficio y legitima la corrupción como una forma de administrar la cosa pública y a la impunidad como una característica fundamental del sistema político.
Existen evidencias suficientes para continuar con esta acción y llevarla hasta sus ultimas consecuencias. El hecho de que la última decisión emitida contenga los votos disidentes de las magistradas Miriam Germán Brito y Esther Agelán Casasnovas, quienes son de opinión de que dicho expediente debió ir a juicio, demuestran de forma elocuente que existen razones de hecho y derecho para que el Procurador General de la República interponga formal recurso de casación en contra de la decisión que confirma el auto de no ha lugar.
Reconocer la acción del Procurador en impulsar este proceso tiene real sentido, si éste cumple con el mandato legal que se deriva del principio de obligatoriedad de la acción pública, el cual obliga a dicho funcionario en los casos de infracciones como las perseguidas en este expediente, a interponer todas las acciones, recursos, medidas, etc., que sean necesarias para la consecución de los fines perseguidos con la acusación interpuesta, que en este caso, son los de obtener las condenas justas en contra de los imputados en cuestión.
El Ministerio Público es el órgano responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, que está dirigida a prevenir, controlar, gestionar y perseguir los hechos punibles, las cuales vale recordar que conforme el artículo 7 de la Ley Organica del Ministerio Público son articuladas bajo las responsabilidad directa del Procurador General de la República. En ese sentido, como funcionario tiene el deber estatutario conforme las reglas que le son impuestas a sus funciones por la Constitución, la Ley Orgánica que rige su ministerio a interponer el recurso de casación correspondiente por ser esta la vía institucional adecuada para reprochar el atentado a la justicia que se hace con esta sentencia.
Lejos de frustrar los deseos de justicia y decencia en el manejo de los fondos públicos, esta sentencia nos estimula a reforzar los reclamos de la mayoría de los dominicanos y su legítimo deseo de vivir en una patria donde la honestidad y el decoro primen en todos los órdenes, donde los criminales que mayor daño infringen a la sociedad sean encarcelados y obligados a devolver el monto defraudado, de tal manera que sea resarcido el Estado Dominicano de la depredación de que ha sido víctima y así, hasta los más vulnerables puedan vivir su patria con una calidad de vida digna.
Poder Ciudadano llama a todos los dominicanos honestos a exigir al Procurador General de la República que cumpla con su deber de representación de la sociedad dominicana e interponga formal recurso de casación en contra de la sentencia resultante del caso del senador Félix Bautista y compartes. Igualmente a mantenerse vigilantes y a reclamar con las “Cadenas Humanas”, la No Impunidad, la No corrupción para que podamos llegar a tener, todos, una vida digna, justa, incluyente y solidaria.
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