SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Desde las 3:00 de la tarde, un conglomerado de personas apoyadas por MUDE, Plan International, Profamilia y Oxfam, se manifestaron en el frente de la Procuraduría General de la República (PGR) en reclama de la creciente violencia de género y feminicidios en el país.
Indiana Jiménez de Profamilia explicó que hicieron presencia ante ambos poderes públicos (La PGR y la Suprema Corte de Justicia, SCJ) porque les causa preocupación que el poder judicial no se haga escuchar en torno a los casos de feminicidios y matrimonios infantiles.
“No hemos escuchado nada de las entidades del Estado que están supuestas a protegerlas. Son mujeres que fueron a la Fiscalía, buscaron ayuda y no les hicieron caso”, Laura Bretón de Plan International.
Al nombrar a cada una de las mujeres fallecidas que defienden, bajo la consigna “Ayuda pidió y el Estado le falló”, los presentes exigen que la PGR y el Poder Judicial realicen investigaciones transparentes, con la participación plena de las familias de las víctimas y la observación de organizaciones de la sociedad civil.
El fin de sus plantones es procurar justicia, la reparación integral de las víctimas, sanciones ejemplares y la desvinculación de los funcionarios de altas y bajas jerarquías involucrados en actos ilegales que terminaron con la muerte de esas mujeres.
Jóvenes de San Francisco de Macorís, Santiago, Sabana Perdida, Santo Domingo Norte que luchan por los derechos de las mujeres, hicieron un presentación titulada “No Más” como un grito de interpelación al Estado dominicano para que dé respuesta ante aquellas situaciones cuya responsabilidad recae sobre la ineficiencia del Estado y sus actores, indicó Kirsy Santana de Profamilia. Los jóvenes usaron lazos rojos para tapar sus ojos en representación de la ruptura con la violencia.
Continúan reclamos por caso de Anibel
Desde 2017 a octubre 2019, en el país han sido asesinadas 484 mujeres, la mayoría entre 15 y 30 años. Solo en San Pedro de Macorís hay 121 acuerdos con la Fiscalía por medio de los cuales sus agresores quedan libres.
“Esa fiscalía, en cuanto a violencia de género, no era una fiscalía, sino un comercio. En ningún momento se hicieron acuerdos con personas desahuciadas económicamente. Cuando una persona no tiene nada que ofrecer, no se le hace acuerdo”, afirmó entre las voces de protesta el abogado de la víctima Anibel González, Miguel Ureña, quien también estuvo presente.
Núñez señaló que la fiscal Margarita Hernández Morales, acusada de suscribir un “acuerdo parcial” con Yasmil Oscar Fernández (asesino de Anibel), que le redujo la condena de 5 años a un año y ocho meses; actuaba en conjunto con el magistrado Pedro Núñez, quien no está detenido, por lo que asegura que está moviendo influencias.
Según el abogado, que figura como tío de la víctima, Pedro Núñez era la persona que dirigía la fiscalía en San Pedro de Macorís al momento del acuerdo en el caso de Anibel.