WASHINGTON – El presidente Obama no hará caso de las airadas protestas de los republicanos y anunciará la próxima semana una amplia revisión del sistema de control de la inmigración de la nación que pondrá bajo protección unos cinco millones de inmigrantes no autorizados de la amenaza de la deportación y proporcionará a muchos de ellos permisos de trabajo, de acuerdo con funcionarios de la administración que tienen conocimiento directo del plan.
La información fue publicada por The New York Times, bajo la firma de Michael D. Shear, Julia Preston y Ashley Parkernov.
Explican que, al afirmar su autoridad como presidente para hacer cumplir las leyes de la nación con discreción, Obama tiene la intención de pedir cambios que reorientarán de manera significativa las actividades de los 12,000 agentes de inmigración del Gobierno.
Una pieza clave de la orden, dijeron los funcionarios, permitirá que muchos padres de niños que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales, obtengan los documentos legales de trabajo y ya no tengan que preocuparse por ser descubiertos, separados de sus familias y sacados del país.
"Solo esa parte del plan de Obama podría afectar a unos 3,3 millones de personas que han estado viviendo en los Estados Unidos de manera ilegal durante por lo menos cinco años, según un análisis realizado por el Instituto de Políticas de Migración, una organización de investigación de la inmigración en Washington", indica la información.
Agrega que, empero, la Casa Blanca también está valorando aplicar una política más estricta que limite los beneficios a las personas que han vivido en el país durante al menos 10 años, o alrededor de 2,5 millones de personas.
La extensión de la protección para más inmigrantes indocumentados que vinieron a los Estados Unidos cuando eran niños, y para sus padres, podría afectar a una cantidad adicional de un millón o más, si se les incluye en el plan final que el está anunciando el Presidente. Funcionarios de la Casa Blanca también siguen debatiendo si se debe incluir protecciones para los trabajadores agrícolas que han entrado en el país ilegalmente pero que han estado empleados durante años en la industria agrícola, una medida que podría afectar a cientos de miles de personas.
Las acciones de Obama también intentan ampliar las oportunidades para los inmigrantes legales que están capacitados en la alta tecnología, transferir recursos de seguridad adicionales a la frontera sur del país, renovar un polémico programa de control de la inmigración llamado Comunidades Seguras, y proporcionar una orientación más clara a las agencias que hacen cumplir las leyes de inmigración sobre quién debe ser una baja prioridad para la deportación, especialmente, aquellos con fuertes lazos familiares y sin antecedentes penales graves.
Un nuevo memorando, que dirigirá las acciones de los encargados de hacer cumplir la ley y los agentes de la frontera, y los jueces de inmigración, dejará en claro que las deportaciones deben continuar para los delincuentes convictos, los extranjeros que ponen en riesgo la seguridad nacional y aquellos que cruzaron la frontera recientemente, dijeron las autoridades.
Funcionarios de la Casa Blanca se negaron a comentar públicamente antes de un anuncio formal por el presidente Obama, que el domingo regresará de un viaje de ocho días a Asia. Funcionarios de la administración dijeron que los detalles sobre el paquete de acciones ejecutivas todavía estaban en proceso de terminación y podrían cambiar. Su anuncio podría aplazarse hasta el mes próximo, pero no se retrasará para el próximo año, dijeron las autoridades.
Anunciar estas acciones rápidamente podría poner en las manos de los críticos, como el senador Ted Cruz de Texas, un objetivo específico de ataque; pero también les daría a los defensores de la inmigración algo que defender. Esperar hasta más tarde, en diciembre, podría permitir que se aprobara el presupuesto antes desatar una pelea sobre la inmigración.
“Antes de que finalice el año, vamos a tomar todas las acciones legales que yo pueda lograr que yo creo que van a mejorar el funcionamiento de nuestro sistema de inmigración”, dijo Obama durante una conferencia de prensa un día después de las elecciones de mitad de período de la semana pasada. “Lo que yo no voy a hacer es sentarme a esperar”.
La decisión de seguir adelante pone en marcha una confrontación política entre Obama y sus adversarios republicanos, que es probable que afecte las negociaciones del presupuesto y el debate sobre Loretta E. Lynch, la candidata del Presidente para el cargo de Fiscal General, durante la sesión saliente de el Congreso que comenzó esta semana.
El vocero John A. Boehner dijo el jueves por la tarde que si el presidente se va por su cuenta, los republicanos de la Cámara “lucharían contra el presidente con dientes y uñas”.
Boehner está considerando demandar a Obama sobre la inmigración ‒como los republicanos dijeron que harían sobre la ley de salud del Presidente‒ y el jueves, se negó a descartar un cierre del gobierno, a pesar de decir que no era su objetivo.
“Estamos estudiando todas las opciones, y todas están sobre la mesa”, dijo Boehner.
En el Senado, un grupo de republicanos, dirigido por Cruz, el senador Mike Lee, de Utah, y el senador Jeff Sessions, de Alabama, ya está planeando frustrar cualquier acción ejecutiva en materia de inmigración. Los senadores tienen la esperanza de agrupar a sus colegas republicanos para oponerse a los esfuerzos por aprobar un presupuesto el mes próximo a menos que se le prohíba al Presidente promulgar lo que ellos llaman “amnistía ejecutiva” para las personas que están en el país ilegalmente.
“Si el presidente quiere cambiar la estructura jurídica, debe pasar por el Congreso en lugar de actuar por su cuenta”, dijo Lee el jueves. “Creo que es muy importante que hagamos lo que podamos para evitarlo”.
Funcionarios de la Casa Blanca rechazan como exageradas las advertencias de algunos miembros del Congreso que pronostican que un uso tan radical del poder presidencial socavaría cualquier posibilidad de cooperación en Washington con la mayoría republicana recién habilitada.
“Creo que esto va a crear una reacción violenta en el país que en realidad podría reestablecer el debate e inflamaría nuestra política de tal manera que no creo que sea conducente a la solución del problema”, dijo el senador Angus King de Maine, un independiente que se une a los demócratas y apoya una reforma migratoria.
Aunque un presidente republicano podría revertir revisión del sistema después de que Obama termine su mandato en enero 2017, la acción del presidente eliminaría por ahora la amenaza de la deportación de millones de personas en las comunidades de inmigrantes latinos y otras. Las autoridades dijeron que los abogados han estado trabajando durante meses para asegurarse de que la propuesta del presidente sea “jurídicamente infranqueable" cuando él la presente.
Los principales elementos del plan del Presidente se basan en precedentes legales de larga data que le dan al Poder Ejecutivo el derecho de ejercer la “discreción procesal” en la forma en que hace cumplir las leyes. Esos precedentes son también la base de una decisión de 2012 para proteger de la deportación a los llamados “Dreamers”, que vinieron a Estados Unidos siendo niños pequeños.
“Confío en que lo que el Presidente va a hacer va a ser consistente con nuestras leyes", dijo el fiscal general Eric H. Holder Jr. El jueves.
La Casa Blanca espera que un coro de expertos jurídicos externos para respalde la apreciación jurídica de la administración una vez que Obama haga oficial el plan.
En varias “sesiones de escucha” en la Casa Blanca durante el último año, los activistas de inmigración llegaron armados con informes jurídicos, y funcionarios de la Casa Blanca creen que estos argumentos serán la base de la defensa pública de sus acciones.
Muchos defensores y grupos pro-inmigración, así como a los electores hispanos que podrían ser decisivos para las esperanzas demócratas de ganar la Casa Blanca en 2016, están esperando una acción audaz, ante la creciente frustración después de ver una un proyecto de ley de inmigración bipartito caer presa de un tranque en el Congreso el año pasado.
“Esta es su última oportunidad [que tiene Obama] de hacer buena su promesa de arreglar el sistema”, dijo Kevin Appleby, director de política de migración en la Conferencia Estadounidense de Obispos Católicos. “Si él la retrasa de nuevo, los activistas de inmigración ‒hablando sólo políticamente‒ saltarían la valla de la Casa Blanca."