SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Gobierno debe volver a entregar a las organizaciones que luchan contra las adicciones el 15% de los recursos generados con la aplicación de la ley sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (No. 155-17), demandó el titular de una de estas instancias de ayuda social.
“La distribución de estos recursos fue fluida e ininterrumpida hasta el año 2016, con un promedio de poco más de tres entregas por año. En el año 2017 no se hizo ninguna distribución y en el 2018, luego de insistencias en contactos directos y llamados por medios de comunicación, se realizó una. En 2019, también solo una vez, siendo la más reciente”, recordó Juan Juan Radhamés, director ejecutivo de Casa Abierta.
Esta es una de las organizaciones que trabajan en la prevención y tratamiento de las adicciones reconocidas por las autoridades que el año 2007 empezaron a recibir este “alivio periódico” de ese 15%.
Bajo el título "Política sobre drogas: una realidad que no cambia", Radhamés remarcó en un texto de prensa que reclama esos recursos “de cara a la realidad de las personas afectadas por los consumos problemáticos de drogas y las organizaciones sociales que trabajamos en el ámbito de la prevención y tratamiento de las adiciones”.
“Ha cambiado el partido en el gobierno, pero no la sensibilidad de los gobernantes al problema de las drogas en nuestro país”, añade y revela que del nuevo gobierno “se han recibido promesas de apoyo que deseamos creer que se puedan concretar”.
“Las autoridades –prosigue el texto- no parecen entender que las personas que usan drogas son sujetos de derechos, que tienen en las organizaciones sociales su principal apoyo para luchar con sus problemas. Pero es una obligación de Estado atender a estas personas que están entre las más vulnerables. Seguimos esperando una valoración acorde con el trabajo que realizamos en beneficio de la sociedad”.
Destaca que con la pandemia de la COVID-19 todos los sectores han sido víctimas de sus “fuertes impactos, sociales, de salud, económicos”, pero que “son las personas más vulnerables quienes han cargado con las peores consecuencias”, entre ellas la población que sufre adicciones.
“El miedo, las preocupaciones, el estrés, generan respuestas de ansiedad e incluso conductas depresivas. En estas circunstancias personas desorientadas utilizan los consumos de drogas como una forma de afrontamiento. Esto se convierte en un círculo vicioso que puede conducir a más y mayores problemas”, añade el texto.
Advierte que la población más vulnerable “solo es visibilizada cuando alguna tragedia les envuelve. El drama cíclico de las intoxicaciones y muertes por consumos de alcohol adulterado es una muestra de que las políticas preventivas en la República Dominicana siguen siendo una quimera”, lamenta.
Las organizaciones sociales que prestan servicios de prevención y tratamiento de las adicciones han visto afectado su trabajo debido al cese de las donaciones privadas, “para muchas la fuente principal de sus ingresos económicos”, pero también, insiste, “por la inexplicable indiferencia de las autoridades”.