SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Ley de la Seguridad Social consta de 209 artículos y el diputado y médico Agustín Burgos planteó que se modifiquen aquellos necesarios para que a los usuarios se les reembolse al año siguiente el dinero no consumido en el presente año en medicamentos, y que el derecho a veto sea exclusivo para el Estado y, con ello, que se le quite tal prerrogativa a los empresarios.
Burgos propuso con anterioridad, mucho antes de que el 20 de noviembre último esa Comisión Especial de la Cámara de Diputados, de la que es uno de sus nueve miembros, comenzara sus sesiones, que las reforma permitan que se aumente de 21 a 25 años la cobertura de salud para los hijos de los afiliados directos que cursan estudios universitarias.
También ha propuesto que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) cubran el 70% de los medicamentos en regímenes contributivos y contributivos subsidiados.
Reunión de todos los jueves
Esta Comisión Especial está presidida por el diputado Ramón Cabrera, quien ha revelado que la metodología de trabajo adoptada por sus nueve integrantes los compromete a reunirse todos los jueves al menos durante dos horas (de 09:00 a 11:00) para leer artículo por artículo de la Ley 87-01 y seleccionar aquellos que se entienda deben ser modificados.
Tras ello, se procederá a invitar a los dirigentes de los diferentes sectores involucrados para escuchar sus opiniones y así iniciar la redacción de los cambios.
Ante la posibilidad de que se forme una Comisión Bicameral que posteriormente se encargue de elaborar un proyecto final con todas las modificaciones a la Ley 87-01 que se acuerden, el diputado Ramón Cabrera ya ha expresado abiertamente su desacuerdo.
“Adelanto que no estaría de acuerdo con una Comisión Bicameral para estudiar la Ley de Seguridad Social si el Senado se va a comportar como hasta ahora se ha comportado: engavetando todo lo que sale de aquí, de la Cámara de Diputados, sobre seguridad social”, subrayó.
Entre los 209 artículos de la Ley 87-01 constan aquellos que norman la labor de las ARS y de las AFP. Este último es “un sistema de pensiones que gran parte de la población no conoce” realmente, ha dicho Cabrera reiteradamente.
Intermediarios entre la sociedad y el Estado
El presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, ha sostenido a su vez que los legisladores, como “intermediarios entre la sociedad y el Estado, haremos un revisión exhaustiva de la Ley 87-01”.
También ha sido reiterativo al advertir que los nueve integrantes de la Comisión “deberán concluir con la modificación sin importarles los intereses que se crucen”, debido a que estos siempre estarán por debajo “del sagrado interés de la ciudadanía dominicana”.
Además de Cabrera y Burgos, los otros siete miembros de la Comisión son Adalgisa Pujols, Juana Vicente, Mario Hidalgo, Inés Bryan, Betsaida González, Víctor Fadul y Adalgisa Abreu.
El dinero está en el Banco Central en bonos del Ministerio de Hacienda
El presidente de la Cámara de Diputados también se ha preguntado públicamente sobre el papel de intermediarios de las Administradoras de Riesgos de Salud y del Fondo de Pensiones (ARS/AFP), “si el dinero –ha remarcado- está en el Banco Central en bonos del Ministerio de Hacienda”.
“Yo no me opongo a que todos los sectores de la economía participen, pero que también todos tengan en cuenta que los fondos que aportan los trabajadores para su salud y para su pensión son para ellos, (pero tampoco) que sea con una relación 90-10: 90 para esas empresas y 10 para los afiliados”, ha dicho.
Rondón Sánchez advierte de “planes” con ese dinero
El exsenador Iván Rondón Sánchez, declarado “Padre de la Seguridad Social” por el Senado de la República, advirtió al respecto, en recientes declaraciones a medios de prensa, que existen “amenazas de sectores privados y estatales” para que las modificaciones a la Ley se orienten a “centralizar los recursos en perjuicio de los afiliados”.
Rondón Sánchez incluso ha expresado sospechas de que se pretenda desviar esos recursos para financiar actividades políticamente partidistas y proselitistas.
"Las ARS reciben anualmente de los afiliados y de los empresarios más de 41 mil millones de pesos, pero el Estado solo aporta 8 mil 700 millones de pesos y no los 36 mil millones por atenciones a más de 3 millones de afiliados del Régimen Subsidiado que debería pagar a los hospitales, con lo cual no garantiza un servicio de salud eficiente”, ha asegurado el exsenador.
Incumplimientos y violaciones
Tras sostener que la Ley 87-01 “solo se cumple en parte”, Rondón Sánchez subrayó que el Gobierno, las ARS, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) “incumplen los roles que la norma les establece” y que, más bien, “le han introducido reformas mediante resoluciones y modificaciones a reglamentos que son violadores de esa legislación”.
Las ARS “solo actúan como recaudadoras para obtener grandes beneficios y no cumplen sus funciones, ya que deberían instalar oficinas y consejos en cada provincia para prestar servicios a los afiliados del sistema, pero no lo hacen y el Gobierno no les exige que lo haga”, agregó.
También criticó que el Ministerio de Salud Pública “incumpla su rol de supervisor” del SDSS, que la Sisalril “tampoco cumpla su función de regulador” y que más bien haya aprobado resoluciones y reglamentos “violadores de la Ley 87-01” y de otras normas, y que la Superintendencia de Pensiones “también incumpla” en cuanto a la revisión y supervisión de los contratos que hacen las empresas a los empleados, a quienes afilian a ARS o AFP “que sean de su interés”, aunque no sean del interés de los trabajadores.
En cuanto a los llamados Centros de Atención Primaria, Rondón Sánchez sostuvo que la Ley los contempla, por lo que dijo no entender la oposición que hacen a estos el Colegio Médico Dominicano (CMD), la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) y las Sociedades Médicas Especializadas.
Estimó que los servicios de los Centros de Atención Primaria son necesarios, “porque su rol es de prevención”, y así los médicos y las enfermeras asignados “funcionarían como médicos familiares, ya que los casos graves serían derivados a los hospitales o clínicas de segundo y tercer niveles, dotados de los equipos necesarios para atender emergencias y casos de enfermedades”.
Estos Centros de Atención Primaria, añadió, cobrarían los servicios que prestarían a los afiliados, sean del Régimen Contributivo o del Régimen Subsidiado, a través del Servicio Nacional de Salud (Senasa), que es estatal.
Rondón Sánchez también ha dicho que la Dirección de Información sobre los Derechos de los Afiliados (DIDA) está “sometida a restricciones presupuestarias por parte de las ARS”, lo cual “le impide cumplir su real rol de informar y orientar adecuadamente a los trabajadores sobre sus derechos”.
Dida expresó recientemente su apoyo a la propuesta de Sisalril sobre la Atención Primaria:
https://acento.com.do/2018/salud/8627106-espaldarazo-dida-propuesta-atencion-primaria-la-sisalril
Las reducidas pensiones
Las reducidas pensiones que se prevé que recibirán los afiliados cuando se acojan al retiro, y cuyo monto oscilaría entre el 23% y 27% del sueldo percibido, también despunta entre los asuntos a corregir en la Ley.
Esa es una cantidad que "condenaría a los pensionados a quedar sumidos en un virtual estado de marginalidad y miseria", pero tampoco se puede llegar 'al absurdo de ofrecer la posibilidad a todas luces ilusoria de que el monto de las pensiones pueda ser un cien por ciento del salario de los últimos doce meses de servicio, como si fuese algo que pudiera resolverse con el simple toque de una inexistente varita mágica', escribió recientemente en un artículo el columnista y editorialista Mario Rivadulla:
https://acento.com.do/2018/opinion/8620060-la-seguridad-social-al-desnudo/
En 17 años esa Ley no ha logrado sus objetivos
Rivadulla dice en su texto en Acento que ha conversado profusamente sobre esta reforma con el economista especialista en seguridad social Arismendi Díaz, quien dirigió el equipo técnico que redactó la Ley 87-01 y diseñó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) –fue el primer gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS)-.
Díaz ha sostenido en los últimos días que en 17 años esa Ley “no ha logrado sus objetivos de promover la salud, extender los años de vida saludable y reducir el gasto de bolsillo de la población”.
“Nada de eso se ha logrado 17 años después. Todavía seguimos con un seguro de enfermedad; todavía seguimos pagando casi el 50 % de gasto de bolsillo de la población, al extremo, que el gasto de bolsillo en República Dominicana es mayor que el presupuesto público para salud y, además, todavía seguimos con una serie de limitaciones en materia de la provisión de los servicios”, sostuvo.
Explicó que se hizo un esfuerzo en todo momento para que la población esté en el centro del proceso, recibiendo apoyo del Estado y el aparato económico para asegurar su protección social tanto en salud, pensiones y riesgos laborales.
Díaz también señaló que se suponía que las administradoras de riesgos de salud y los fondos de pensiones (ARS/AFP), los proveedores de servicios de salud (PSS) y todas las entidades que se crearon debieron fortalecer y garantizar la participación activa de la población en el proceso de protección social, pero que todo ha quedado “prácticamente en la nada”.
“En materia de modelo de atención es de lo más avanzada de América Latina porque plantea con absoluta claridad que la atención primaria es la puerta de entrada a la red de servicio de la población”, resaltó Arismendi Díaz.