SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Varias organizaciones campesinas celebraron el Día Nacional del Agricultor con una marcha-concentración en la que solicitaron al presidente Luis Abinader a que contribuya con soluciones a los problemas que aquejan a los residentes en la región Enriquillo.
El llamado al jefe del Estado fue formulado a propósito de que el próximo día 23 encabezará una reunión del Consejo de Gobierno en la ciudad de Santa Cruz de Barahona, según manifestaron en el “Manifiesto del día del agricultor y la agricultora”.
De acuerdo al agrónomo Manuel Pérez, quien leyó el manifiesto al final de la caminata que partió de la avenida Luperón esquina Duarte hasta el antiguo local de la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), las organizaciones urgen a Abinader a que contribuya con el manteniendo de la paz social en la demarcación.
“Hoy, en el Día del agricultor y la agricultora, hemos marchado porque nuestros medios de vida, nuestros ríos, nuestras tierras y nuestras posibilidades de desarrollo sostenible están seriamente amenazados y nos movilizamos para proponer una alternativa de bienestar integral para nuestras familias y comunidades”, agregó el también productor de plátanos.
Pérez, conocido como Manuel Lemba, mencionó tres grandes problemas que aquejan a la región, entre ellos la anulación de las concesiones mineras y el cese de la explotación y exportación a granel de caliza y todo material mineral o industrial granulado, arena o polvo, por el puerto de la ciudad de Barahona. Pidió que el puerto sea declarado “de interés turístico”.
También exigió la terminación de la presa de Monte Grande y todas las obras colaterales contempladas en el proyecto y la rendición de un informe técnico de las inversiones realizadas en los 11 años de construcción.
El vocero de las organizaciones dijo que es necesario que Abinader ofrezca las garantías de que por parte del Estado las tierras que se regarán con la presa se dedicarán a la agropecuaria “en beneficio de los jóvenes, mujeres y agricultores de la región y no al fomento del latifundio cañero que promueve la familia Campollo, con el apoyo del CEA y el IAD”.
Otro de los tres puntos que reclaman es la solución al problema de las tierras que administra el Consorcio Azucarero Central (CAC) y las de los agricultores de la región.
“Exigimos limitar el latifundio cañero a las tierras sembradas y nada más, detener la práctica abusiva e ilegal de dedicar las tierras de la reforma agraria al latifundio cañero”, dijo Pérez.
El vocero de las organizaciones cívicas expresó que los agricultores y agricultoras que en condiciones humanitarias dramáticas a sol y sereno defienden sus tierras en el “campamento libertad” de El Polvorín, El Aguacatico, Tamayo, desde el lunes 19 de abril, “merecen el reconocimiento del Estado y una solución inmediata”.
Reclamaron que se acuda en auxilio de la agricultura, la seguridad y soberanía alimentaria de la población.
“No más acoso, no más robo de nuestras tierras, agua y biodiversidad, no más destrucción de cultivos, no más agresiones”, indicó.